FINANZAS ESTATALES, CON ALTO GRADO DE DEPENDENCIA DE RECURSOS FEDERALES

Tlaxcala es el sexto estado con mayor dependencia de recursos federales, pues representan el 93.8% de sus ingresos totales; también es el sexto estado con menor captación de ingresos propios, con apenas 6.2%.

Por José Luis Ramírez Romero

Tlaxcala es el quinto estado con el ingreso público estatal per capital más bajo del país, con 18 mil 030.9 pesos por habitante.

Así lo indica el estudio “Hablemos de Ingresos 2023. (Des)Coordinación Fiscal y Poca Recaudación”, que presenta una radiografía del nivel y la composición de los ingresos totales de las 32 entidades federativas, y su capacidad para gestionarlos.

El análisis publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indica que determinar el nivel de ingresos per cápita de una entidad permite dimensionar la cantidad de recursos con los que cuenta cada habitante en promedio.

Es así que, al considerar los ingresos propios totales, se identifica que las primeras posiciones las ocupa Baja California, con 25 mil 840 pesos por persona, y Baja California Sur, con 25 mil 481 pesos por persona, seguidos por la Ciudad de México, con un nivel de 25 mil 342 pesos por persona.

En el extremo contrario se ubican Morelos (16 mil 326.9 pesos por habitante), seguido de Veracruz (17 mil 151.7 pesos por habitante), Puebla (17 mil 653.3 pesos por habitante) y Guanajuato (17 mil 906.9 pesos por habitante).

A partir de datos de las leyes de ingresos estatales para el ejercicio fiscal 2023, y del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que, en promedio, el ingreso público estatal total per cápita en México es de 21 mil 241.7 pesos por habitante.

Cabe recordar que, en términos generales, los ingresos propios de los estados provienen fundamentalmente de impuestos estatales, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios.

En promedio, los impuestos representan 54.1% de los ingresos propios de los estados, “aunque en realidad la proporción varía entre 28% en Chiapas y 77% en Baja California”. En Tlaxcala, estos corresponden al 45%.

Por otra parte, la evidencia recabada por el IMCO muestra que los ingresos de 31 estados dependen desproporcionadamente de la Federación, puesto que, a excepción de la Ciudad de México, en la que casi 45% de los ingresos son propios, en el resto “la proporción de ingresos que provienen de la Federación oscila entre 61.2% (Baja California) y 97.6% (Guerrero)”.

En tal sentido, Tlaxcala es el sexto estado con mayor dependencia de recursos federales, pues representan el 93.8% de sus ingresos totales. En consecuencia, también es el sexto estado con menor captación de ingresos propios, con apenas 6.2%.

Así, supera a Guerrero (2.4% de ingresos propios contra 97.6% de federales), Oaxaca (4% contra 96%), Hidalgo (5.2% contra 94.8%), Chiapas (5.5% contra 94.5%) y Michoacán (5.9% contra 94.1%).

“En 43% de las entidades en México, los ingresos federales transferidos representan al menos 90% de sus ingresos. En promedio, este tipo de ingresos representan 82.1% de los ingresos totales de los estados, mientras que los ingresos propios únicamente 15.7%. En general, los ingresos propios de los estados provienen de impuestos y cuotas de seguridad social, mientras que los ingresos por parte de la Federación representan participaciones y aportaciones”, expone el análisis.

Respecto al esquema fiscal que impera en México, el IMCO considera que éste genera un notable nivel de discrecionalidad.

Según la Ley de Coordinación Fiscal, para evitar la doble tributación, los estados pueden ceder su potestad tributaria a la Federación, “que puede recaudar, concentrar y redistribuir recursos que podrían recaudar los estados”.

Tales recursos se transfieren a los estados como participaciones, que pueden ser utilizadas libremente por los estados, y como aportaciones, recursos condicionados que deben utilizarse según lo determina la Federación. Estas últimas representan en promedio 47.8% de los ingresos federales transferidos a los estados.

Adicionalmente, “la Federación tiene el poder para hacer transferencias, asignaciones, subsidios o subvenciones a través de convenios, lo que aumenta la vulnerabilidad política y financiera de los estados”.

Guerrero es el estado con mayor proporción de aportaciones (60.7%), y la Ciudad de México, con el menor nivel de estos ingresos (16%). Y en materia de participaciones, la Ciudad de México recibe la mayor proporción de ingresos por esta vía (77.5%), mientras que Guerrero, la más baja (35.8%).

En Tlaxcala, 53.4% de sus ingresos federales corresponden a aportaciones, y 46.2% a participaciones.

Finalmente, respecto a la gestión de las transferencias federales de ingresos para los estados, el IMCO identifica espacios de opacidad.

Con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se documenta anualmente las irregularidades que encuentra en las revisiones del gasto federalizado.

Así, “resalta la falta de coordinación y transparencia entre los órdenes de gobierno y el incumplimiento de la normativa existente”.

En solo cuatro entidades, la proporción de recursos que fueron utilizados y están pendientes de aclarar como parte del gasto devengado es cero (Guanajuato) o tiende a cero (Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad de México), mientras que en Durango es de 19.22%, y en Michoacán, de 16.08%.

Tlaxcala es el sexto estado con la proporción más alta, con 5.98%, ya que, de los 23 mil 338.9 millones de pesos ejercidos en 2021, tenía pendiente de aclarar el destino de mil 451.4 mdp.

Bajo este panorama, el IMCO advierte que, tanto la dependencia de ingresos provenientes de la Federación como el estancamiento o la falta de recaudación de ingresos propios en las entidades federativas “pueden limitar las capacidades de los estados para atender las necesidades de su población y, por ende, su desarrollo social y económico”.

Ante ello, propone: Revisar y reformar la Ley de Coordinación Fiscal e impulsar una Ley General de Gasto Federalizado; Actualizar el marco jurídico en cada entidad federativa con respecto a sus facultades impositivas; Reformar las leyes de compras y contrataciones gubernamentales; Capacitar a las instituciones encargadas de llevar a cabo la recaudación estatal; e Implementar sistemas catastrales actualizados y digitalizados para mejorar la recaudación del impuesto predial.