FALLO DE LA SCJN NO DEBE PRECIPITAR A CONGRESOS LOCALES A DESPENALIZAR EL ABORTO: CEM

• Señala que el aborto provocado “nunca será una opción moral, ni legitima”, y lamenta que, “en estos momentos de violencia lacerante en el país”, su sentencia contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social.
• Advierte necesidad de una educación afectiva sexual integral y la búsqueda de ejercicios de paternidad responsables, así como de políticas positivas promovidas pluralmente para “procurar que siempre se disponga de alternativas concretas, posibles y honrosas al aborto provocado”.

Por José Luis Ramírez Romero

La Diócesis de Tlaxcala respaldó el posicionamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) sobre el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que estableció que el sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal federal es inconstitucional por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.

Según el Mensaje de los Obispos de México, los ministros resolvieron otorgar el amparo y protección de la justicia federal a la asociación civil denominada Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), a fin de que pueda ejercer de forma plena su objeto social, el cual implica, entre otras cosas, la promoción y defensa del aborto, así como el acompañamiento legal a las personas que quieran realizarlo de manera consentida.

Es así que, “con fundamento en el principio de relatividad de las sentencias de amparo”, la Primera Sala consideró que las autoridades no le deben aplicar al GIRE la totalidad de los artículos 331 y 332, así como ciertos fragmentos de los artículos 330, 333 y 334 del Código Penal federal, en materia de aborto, mismos que imponen sanciones penales a quien practique el aborto y a la madre gestante que consienta a ello.

Sin embargo, para la CEM, llama la atención que la Primera Sala de la SCJN haya determinado que, “por tratarse de un caso sui generis y de derechos de naturaleza colectiva, deba entenderse que la inaplicación de los citados artículos a favor de GIRE sea extensiva a todas las mujeres que GIRE acompañe en sus solicitudes de aborto consentido”.

Por ello, consideró importante “aclarar a la opinión pública que la citada sentencia de amparo no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población”, además de que tampoco representa “una obligación para que Jos Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus respectivos Códigos Penales”.

Al respecto, los Obispos de México estimaron que el fallo “vuelve evidente una realidad social que debemos entender como pastores y atender con la debida diligencia” ya que, “junto al esfuerzo por velar en bien de la dignidad amenazada de la persona, afirmamos que la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres es deplorable y debe ser excluida de muestra cultura, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas”.

Por ello, manifestaron su oposición “a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia, como de las más vulnerables, aquellas que se encuentran junto con los niños inocentes aún dentro del vientre de sus madres”.

“Hay que ser firmes con la verdad, pero comprensivos con las personas y sus circunstancias. El aborto provocado al ser despenalizado normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana. Asimismo, la legalización del aborto desgasta los cimientos del Estado de Derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común”, expusieron.

Ante este escenario, la CEM señaló que el aborto provocado “nunca será una opción moral, ni legitima”, y lamentó que, “en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia Suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social”.

Expresó que “una sociedad que acoge la vida debe cuidar todas las vidas, la de la mujer y la de la persona humana naciente, y su protección debe ser procurada por el estado y por las instituciones de la sociedad civil, comenzando por los menos favorecidos”.

Aseveró que ello requiere “un auxilio solidario y subsidiario a las familias, madres solteras, niños y niñas huérfanas y/o en abandono; de una educación afectiva sexual integral y la búsqueda de ejercicios de paternidad responsables”, ya que con esto también “se reconoce la necesidad de políticas positivas que deben de ser promovidas pluralmente para procurar que siempre se disponga de alternativas concretas, posibles y honrosas al aborto provocado”.

“De otra manera la legalización del aborto provocado significa el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución sin atender aquello es el verdadero problema”, apuntó.