EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL PJF AVIVA DIFERENCIAS POLÍTICAS ENTRE CONGRESISTAS LOCALES

• Mientras legisladores del PRI y el PRD advirtieron el impacto negativo que la medida tendrá entre los trabajadores de esta soberanía, diputados de Nueva Alianza y Morena insistieron en que la decisión de la Cámara de Diputados pone orden en México.

Por José Luis Ramírez Romero

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobada por la Cámara de Diputados federal, por la que se extinguieron 13 de sus 14 fideicomisos, no solo fue motivo de paro y manifestación por parte de trabajadores de esta soberanía en la entidad, sino también de un ríspido debate en el Pleno del Congreso local.

La primera en abrir la discusión fue la diputada Blanca Águila Lima (PRI), quien justificó las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las afueras de la sede del Congreso del Estado, ante los embates del Ejecutivo federal y la bancada de Morena en el Congreso de la Unión que vulneran la democracia y el Estado de Derecho.

Recordó que, junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta los ataques políticos de la Presidencia de la República para tratar de ser sometida, en franca violación al principio de división de poderes.

Señaló que la eliminación de fideicomisos del PJF afecta directamente los derechos constitucionales de sus trabajadores, ya que varios de ellos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituye derechos, tanto laborales como de seguridad social, relacionados con pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

Además, estos derechos adquiridos están reconocidos, no solamente en la Constitución sino en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, de acuerdo a información de la SCJN.

Por ello, cuestionó que los diputados federales por Tlaxcala, Alejandro Aguilar López (PT), Dulce Silva Hernández (Morena), Irma Yordana Garay Loredo (PT) y Steve Esteban Del Razo Montiel (Morena), votaran “como si fueran todo un staff de servidumbre” en agravio de los intereses de los trabajadores del PJF, y llamó a los senadores por Tlaxcala Ana Lilia Rivera Rivera (Morena) y José Antonio Álvarez Lima (Morena) a que, una vez que la reforma aprobada por la Cámara Baja pase al Senado, privilegien la protección del sistema nacional de justicia y los derechos de sus trabajadores.

Consideró incongruente que, mientras Morena respalda la eliminación de fideicomisos del PJF bajo el argumento de la austeridad y el combate a la corrupción, se creen y protejan otros, como los relacionados con el Tren Maya o el sistema aeroportuario a cargo de la Secretaría de Marina, y que incluso se hagan recortes a rubros sensibles como el de salud, cuando el Ejecutivo federal autoriza el envío de petróleo a Cuba sin pago, en reciprocidad al envío de médicos de ese país a México, cuando nuestro país dispone de profesionales para tales funciones, y en cambio “se privilegia la esclavitud moderna, porque esos médicos cubanos no reciben ese salario, sino el Estado cubano”.

En respuesta, el diputado Bladimir Zainos Flores (Nueva Alianza) subió a tribuna para asegurar, sin evidencias, que los estados del sur del país, tradicionalmente considerados como los más pobres, son los que ahora están creciendo económicamente, gracias a la estrategia de desarrollo del Ejecutivo federal, que privilegia a los que menos tienen.

Además, sostuvo que los países latinoamericanos ahora reconocen el liderazgo de México, y que, contrario a los vaticinios de la prensa nacional e internacional, nuestro país no se convirtió en Venezuela o Cuba.

En alusión a la desaparición de fideicomisos del PJF, consideró que se deben hacer sacrificios, particularmente, para direccionar los recursos a proyectos que lleven beneficios a comunidades marginadas, como el Tren Transístmico o el Tren Maya.

Señaló que, a diferencia del pasado gobierno federal, que dejó inconcluso el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la actual administración hay “puesto el ejemplo” con el Aeropuerto Felipe Ángeles, debido a un manejo responsable de la política económica.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria (PRD) respaldó el posicionamiento de Águila Lima y calificó como falaz el señalamiento de que los fideicomisos sean solamente para el pago de prestaciones de ministras y ministros, ya que no se destinan para pagar alguna prestación suya.

Criticó que en el actual gobierno federal se solapen los excesos de personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y coincidió en que pasado gobiernos contribuyeron al deterioro institucional del país; sin embargo, recordó que Nueva Alianza hizo coalición con el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, por lo que la encomienda de salir a defender al gobierno de Morena, en este momento, va en contra de los trabajadores del PJF y también del respeto al equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones.

En su oportunidad, el diputado Rubén Terán Águila (Morena) aludió a los beneficios de los programas sociales impulsado por el actual gobierno federal, como resultado de la manera en que se modificó la forma de conducir al país, y a la reorientación de los recursos públicos.

Insistió en que los fideicomisos implicaban beneficios excesivos para los ministros y jueces del PJF, y que la decisión de la mayoría de las y los diputados federales contribuye a la visión de izquierda del Ejecutivo federal, que está poniendo orden en México

Finalmente, en ejercicio de su réplica, Cambrón Soria criticó a Terán Águila por complacer a quienes antes criticaba por incurrir en excesos y abusos de poder, y lastimar la democracia. Y aunque el morenista mencionó los montos millonarios de algunos fideicomisos, aseveró que el actual gobierno federal incurre en conductas regresivas, ya que ante el desfalco de más de 15 mil millones de pesos de Segalmex, el sobrecosto de la refinaría Dos Bocas -cuyo monto se duplicó- o la partida secreta de más de 90 mil millones de pesos del Ejecutivo federal, no hay cuestionamientos.

“No demos un doble discurso, al final, como aquí se ha dicho, cada uno está fijando su postura muy respetuosa, y cada uno frente a la gente que se está manifestando allá afuera, expresa el lado de la historia en el que cada uno quiere estar”, concluyó.