EXHIBEN DIPUTADOS LOCALES IGNORANCIA EN CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES

• Congreso del Estado hizo un galimatías de la respuesta que el Senado de la República dio a su exhorto para que conociera y resolviera los conflictos de límites territoriales entre los estados de Tlaxcala y Puebla, y exhibió su ignorancia respecto a las competencias de la Cámara Alta y de las alternativas de solución a tales problemas.

Por José Luis Ramírez Romero

El pasado 14 de marzo, el Senado de la República aprobó en votación económica el punto de acuerdo de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal por el que se desechó, y se dio totalmente concluido, el asunto relativo a la proposición del Congreso del Estado de Tlaxcala por la que se exhortaba a la LXV Legislatura de la Cámara Alta para que conociera del asunto referente a los conflictos entre las entidades federativas de Tlaxcala y Puebla, acerca de sus límites territoriales.

Sin embargo, el Congreso local hizo un galimatías de esta respuesta, y exhibió ignorancia supina respecto a los ámbitos de competencia del Legislativo estatal y federal, así como a las alternativas de solución de fondo a este añoso problema.

CONOCER O RESOLVER, LA CUESTIÓN.

El pasado 22 de diciembre de 2021, la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del Estado emitió un comunicado mediate el cual informó que, durante la primera sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura, se aprobó un punto de acuerdo a fin de exhortar al Senado de la República “para que conozca y resuelva los conflictos entre Tlaxcala y Puebla acerca de sus límites territoriales”.

Dicho exhorto se hizo extensivo a la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, “para que se adhiera a dicho llamado, y así una esfuerzos para garantizar seguridad jurídica a la población de ambas entidades federativas”.

Lo anterior, al reconocer que ambas Legislaturas locales no se encuentran facultadas para dirimir estos conflictos territoriales, “toda vez que las leyes de ambas entidades las limitan a resolver los conflictos únicamente sobre la delimitación entre municipios de sus territorios”.

El boletín informativo refirió que el exhorto derivó de la propuesta formulada por la diputada Mónica Sánchez Angulo, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, “quien atrajo todas las inquietudes de las asociaciones civiles y ciudadanos que viven con esta problemática todos los días”.

Y calificó el acuerdo como “un hecho sin precedentes”, encaminado a la remediación de problemas relacionados con la falta de certidumbre respecto a la prestación de los diversos servicios municipales y la seguridad pública, incluso su patrimonio, lo que ha generado “un retraso en el desarrollo social y económico de las comunidades que se encuentran entre los límites de ambas entidades”.

Por todo lo anterior, se deduce que la intención de fondo de la actual legislatura local era que la Cámara Alta del Congreso de la Unión conociera y resolviera el conflicto de límites territoriales entre ambas entidades, aunque la ley no lo prevé en tales términos.

De acuerdo al Artículo 46 de la Constitución federal, las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites, los cuales no podrán llevarse a efecto “sin la aprobación de la Cámara de Senadores”; y en caso de que estos convenios no existan, sería a instancia de alguna de las partes en conflicto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría conocer, sustanciar y resolver, “con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas”.

Esto implica que las Legislaturas locales si estarían facultadas para dirimir conflictos territoriales, al favorecer condiciones para el logro de acuerdos pacíficos con las autoridades de las entidades con problemas limítrofes.

IGNORANCIA SUPINA.

Fue en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 19 de enero de 2022, cuando se dio cuenta del escrito del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual “presentó punto de acuerdo por el que solicita al Senado, en el ámbito de sus atribuciones, conocer lo referente a los conflictos entre las entidades federativas de Tlaxcala y Puebla, acerca de sus límites territoriales”.

En la misma fecha, se determinó que el asunto fuera turnado para su estudio y dictamen a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, y el 10 de febrero de 2022, mediante oficio DGPL-2P1A.-45, la Mesa Directiva del Senado hizo del conocimiento de la Comisión que la propuesta de punto de acuerdo le había sido turnada.

Es así que, derivado del análisis, la Comisión estableció que, con base en el Artículo 46 de la Constitución federal, “el conflicto sobre límites territoriales entre entidades federativas se puede resolver en dos vías; la primera, amistosamente mediante el concurso de voluntades de las partes, expresado en un convenio, el cual para tener validez jurídica debe contar con la aprobación de la Cámara de Senadores; y la segunda, de no existir convenio entre las entidades federativas, es la Suprema Corte de Justicia la que conocerá, sustanciará y resolverá, vía controversia constitucional”.

Además, refirió que la fracción X del artículo 76 de la Constitución federal dispone que es facultad exclusiva del Senado autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas.

Por todo ello, concluyó que “el Senado de la República no tiene la facultad de resolver sobre los conflictos entre entidades federativas sobre sus límites territoriales, ya que el alcance de su facultad radica únicamente en autorizar los convenios amistosos que, sobre sus respectivos límites, celebren las entidades federativas”, situación que, en el caso de los estados de Tlaxcala y Puebla no ha ocurrido, de modo que a la Cámara de Senadores “no ha sido presentado convenio amistoso alguno”.

Ello significa que, al pedir al Senado “que resuelva plenamente sobre el conflicto de límites territoriales”, el Congreso del Estado de Tlaxcala pasó por alto las facultades de la Cámara Alta, que finalmente se declaró incompetente para resolver los conflictos entre ambos estados acerca de sus límites territoriales y, en consecuencia, el exhorto de las y los legisladores tlaxcaltecas fue desechado.

UN GALIMATÍAS.

Ante la respuesta del Senado de la República, el Congreso de Tlaxcala emitió un posicionamiento el pasado 23 de marzo, en el que señaló a la Cámara Alta de “dejar en la indefensión a los ciudadanos tlaxcaltecas colindantes con Puebla”.

Cuestionó que, a diferencia de su exhorto, el Senado aprobara, en octubre de 2009, “un Punto de Acuerdo relativo al conflicto limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima, derivado de un exhorto con origen de la Cámara de Diputados Federal”, como se indica en el “Expediente Parlamentario LXI/1PPO-40-747/22814”.

“Por tanto, el Senado de la República, en el ámbito de su competencia legal, y tomando en consideración los antecedentes legislativos, tenía la posibilidad de emitir un pronunciamiento idéntico en el asunto puesto a su consideración, relacionado con el tema de límites territoriales entre las entidades federativas de Tlaxcala y Puebla”, expuso la comunicación emitida por la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso local, en la que además se estima que “pudo haber exhortado a los titulares de los Poderes Ejecutivos, tanto de Tlaxcala como Puebla, y conminarlos al diálogo integral teniendo como premisa fundamental la paz y que pudieran celebrar un convenio amistoso y no desecharlo de plano por incompetencia”.

Lo anterior, advierte que la interpretación que las y los diputados tlaxcaltecas hacen de la norma constitucional es distinta al de las y los senadores, pues para quienes integran el Congreso local “el Artículo 46 de la Constitución le atribuye -al Senado- resolver los límites territoriales entre entidades federativas mediante convenios amistosos”, y para quienes conforman la Cámara Alta, los convenios amistosos deben arreglarse por los estados antes de buscar la aprobación del Senado.

Asimismo, se observa que los antecedentes que motivan los exhortos, tanto del Congreso de Tlaxcala respecto a los límites territoriales de Tlaxcala y Puebla, como de la Cámara de Diputados federal con relación a la zona limítrofe de Colima y Jalisco no tienen puntos de comparación.

Y es que, si bien ambos advierten un problema de delimitación territorial, el conflicto entre Colima y Jalisco fue planteado, en principio, como controversia constitucional ante la SCJN, y persistía hasta ese momento como asunto pendiente de resolución en el Senado de la República “por los enfrentamientos habidos entre autoridades de ambas entidades”. 

De hecho, en las consideraciones del dictamen aprobado el 27 de octubre de 2009, el Senado reconoció, en ese momento, que estaba imposibilitado jurídicamente para resolver el referido asunto limítrofe a la brevedad posible, ante la falta de una “Ley Reglamentaria en la materia”.

Por ese motivo, se modificó el sentido original del exhorto sometido a consideración de la Cámara Alta para acordar que se extendiera “un respetuoso exhorto” a los gobernadores de Colima, Silverio Cabazos Ceballos, y de Jalisco, Emilio González Márquez, “para que en el ámbito de sus facultades y en estrecha colaboración, tomen las medidas pertinentes para preservar el orden público y la paz social en las zonas limítrofes controvertidas ante esta soberanía”.

Es decir, el Senado no se pronunció por la solución de límites territoriales, como supone el Congreso de Tlaxcala, sino que pidió a los gobernadores de ambas entidades atender la crisis de orden y paz social derivado de los enfrentamientos registrados entre autoridades de dichos estados.

UNA LIMITADA EXPECTATIVA DE SOLUCIÓN.

El Congreso del Estado de Tlaxcala hizo un galimatías de la respuesta que el Senado de la República dio a su exhorto para que conociera y resolviera los conflictos de límites territoriales entre los estados de Tlaxcala y Puebla, y exhibió su ignorancia respecto a la competencia de la Cámara Alta y de las alternativas de solución a tales problemas.

Por un lado, no ofreció evidencia de un acuerdo amistoso entre autoridades de ambas entidades federativas, y por otro, no hay información que indique que el Estado de Tlaxcala busque dirimir este asunto ante la SCJN, por lo que aseverar que la determinación de las y los senadores, de desechar su exhorto por incompetencia, deja en la “indefensión” a los ciudadanos tlaxcaltecas colindantes con Puebla, carece de sustento, ya que las vías que prevé la Constitución federal para tal efecto aún no están agotadas.

En este contexto, se aprecia que las y los diputados locales tenían una expectativa limitada respecto a lo que implica la solución de fondo del problema, ya que, como se aprecia en su posicionamiento del pasado 23 de marzo, sólo esperaban que las y los senadores fungieran como “mediadores” y emitieran “un pronunciamiento idéntico” al del caso entre Colima y Jalisco, para que conminaran al diálogo a las personas titulares del Poder Ejecutivo en Tlaxcala y Puebla.

Es así que, al final, el Congreso del Estado de Tlaxcala, y no el Senado de la República, es la instancia que está dejando pasar la oportunidad de sentar precedente para la solución de este tipo de conflictos, al no generar las condiciones, desde su ámbito de competencia, para el convenio amistoso entre Tlaxcala y Puebla, a fin de contar con el antecedente que permitiera al Senado ser competente en el asunto, e incluso, para estudiar, junto con el Poder Ejecutivo, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional ante la SCJN para dar fin a los problemas limítrofes entre ambas entidades.