El 95% de las cuatro mil cámaras de videovigilancia funcionan en la entidad: Maximino Hernández

– La expansión en videovigilancia no es solamente para encontrar coches o vacas; señaló el funcionario que “por supuesto que hay información, no solamente reportamos los accidentes, por supuesto que hay trabajo de inteligencia y trabajo de seguimiento de cualquier delito”. 

Isabel Polvo 

Las cuatro mil cámaras instaladas en el estado de Tlaxcala funcionan en un 95 por ciento, lo que significa que se tiene registro de los delitos en territorio estatal, como es el caso del empresario que recientemente fue levantado en Santa Ana Chiautempan y posteriormente asesinado; de este hecho se tiene el registro hasta el destino final, información que no es pública para no entorpecer las investigaciones de las fiscalías y para no alertar a los delincuentes, sostuvo el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido. 

En entrevista, explicó que actualmente hay una expansión de cámaras, el gobierno estatal recibió mil 200 y en la 4T creció a mil 600, y a partir de la instalación de los 34 C2 en cada una de las sedes son 30 cámaras en suma representan mil 020; con ello resaltó que los 60 C2 “son en sí tecnológicamente una ampliación del C5I, estamos hablando de mil 800 cámaras más que las mil 200 que recibimos, obviamente la administración de la gobernadora se va a distinguir por la expansión en videovigilancia”, subrayó. 

Agregó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional supervisa el funcionamiento, de modo que todos los procesos están certificados y monitoreados, y la entidad no puede contar con arcos de seguridad, ni cámaras debajo de una disponibilidad del 95 por ciento. 

“Por supuesto que hay información, no solamente reportamos los accidentes, por supuesto que hay trabajo de inteligencia y trabajo de seguimiento de cualquier delito. La crítica al C5i es porque difunde que encuentra coches o vacas y no difunden resultados de inteligencia, por obvias razones hay partes que no podemos mostrar porque si no entorpecemos las investigaciones de las fiscalías, si no les avisamos a los delincuentes que están identificados los vehículos en los que se transportaban, esa es la razón, solo difundimos la parte que se puede, la parte que no dañamos, la parte que no violamos, la ley, ni los derechos humanos y lo demás son trabajos que se hacen directamente con las áreas de investigación de la FGR y la fiscalía local”, externó.

El funcionario estatal, indicó que, con relación a la revisión que se hizo para el programa de Canje de Armas de Fuego, pudo revisar que en los últimos años hay un incremento de alrededor del 20 por ciento en las llamadas sobre riñas y detonaciones de armas de fuego, lo que no significa que sea un elemento objetivo para deducir que están vinculados directamente con la delincuencia organizada. 

“Simplemente el reporte aparece hay un incremento significativo de riñas con presencia de arma de fuego, hay una cifra triste de suicidios con armas de fuego, hay 205 llamadas por personas heridas a causa de una riña, ahí están los datos, pero una hipótesis como la que se planteó en el Congreso solamente los jueces federales los que califican los delitos”.

Finalmente, indicó que no le compete calificar si en la entidad se registran actos de delincuencia organizada, sino que es un tema que corresponde calificar a un juez federal.