Eficientar procedimientos, combate a la corrupción y mejorar uso de tecnologías para desarticular robo de vehículos, propuestas de aspirantes a Fiscal

– En sesión extraordinaria se realizó el examen de oposición a la terna propuesta por la mandataria estatal 

– Versó sobre los principios de la procuración de justicia, la eficiencia de la investigación, derechos humanos, la prisión preventiva en caso de violencia de género y el combate a robo de vehículos

Isabel Polvo

Este martes en sesión extraordinaria el Congreso del Estado inició con el examen de oposición en materia de derecho penal y procesal penal a los integrantes de la terna para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado. 

Las propuestas de los tres aspirantes a fiscal respondieron a los cuestionamientos del sínodo respecto de principios de la procuración de justicia, la eficiencia de la investigación, derechos humanos, la prisión preventiva en caso de violencia de género y el combate a robo de vehículos.  

El examen oral estuvo a cargo del jurado conformado por Sergio Amaro Cervantes, Miriam García y Luis Felipe Gómez, ante la presencia de los diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura. En base al procedimiento aprobado por integrantes del Poder Legislativo, el examen versó sobre las atribuciones y competencias del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con una duración de 20 minutos para cada integrante de la terna, los integrantes de la terna respondieron en menor tiempo, 

Durante el examen oral de oposición, los legisladores no emitieron ningún pronunciamiento, ya que el orden de la sesión solamente contempló las entrevistas.

Soledad Reyes Zambrano fue la primera en pasar al pleno del Poder Legislativo para responder los cuestionamientos del sínodo, en ese sentido la aspirante se pronunció por articular las diferentes partes del sistema de justicia para eficientar los procedimientos; fortalecer las capacitaciones de jueces y del personal con la creación de más salas, puesto que son los que intervienen en la procuración de justicia.

Además, consideró necesario mejorar el uso de las tecnologías, fomentar la denuncia respecto al robo de vehículos, así como realizar un trabajo que permita identificar la operación de las bandas delictivas, así como implementar la prisión preventiva en casos de violencia contra mujeres para que no se ponga en riesgo a las víctimas.

Posteriormente fue evaluado José Eduardo Morales Sánchez, se pronunció a favor de la profesionalización de los operadores jurídicos; reforzar la política de registro vehicular para disminuir los robos y promover la formalización de negocios de venta tanto de automóviles como de autopartes.

La última en realizar su examen fue la exprocuradora Ernestina Carro Roldán, quien se refirió a las políticas públicas en materia de procuración de justicia que impulsará en caso de ser la fiscal de la entidad, refiriéndose a la división en análisis de política criminal, de delitos de bajo impacto y de alto impacto, para establecer una conducta de un probable indiciado, es decir acercar la justicia a la ciudadanía, regionalizando la procuración de justicia con unidades establecidas donde se atienda la atención inmediata integral, pero también se encuentre una unidad de detenidos, de litigación y de contexto, para realizar un estudio.

Así como reforzar la profesionalización del personal y mejorar las condiciones para garantizar la permanencia; y promover la digitalización de los procesos y desarticular a las bandas delincuenciales de robo de vehículos entre otras propuestas.

La valoración se realizó por los integrantes del jurado quienes tomaron en cuenta conocimiento del cargo y sus responsabilidades; experiencia y trayectoria profesional; conocimientos técnicos y específicos; conocimientos sobre las atribuciones y competencias de la fiscalía, cada una tendrá un puntaje de hasta 20 puntos, los resultados de oposición se darán a conocer a la comisión especial del Congreso local, que preside el diputado Fabricio Mena Rodríguez, quien será el responsable de elaborar el dictamen que posteriormente será presentado al pleno del Poder Legislativo.