Diputados locales evalúan a las tres aspirantes a magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- Con base a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura
Rodrigo Lozada Cervantes
Las abogadas Marisol Barba Pérez, Maribel Montiel Landeros y Santa Jiménez Pacheco, fueron evaluadas por los integrantes de la LXIV Legislatura, a través de exámenes escritos y orales, a fin de que designen a la nueva magistrada, así como suplente del Poder Judicial; después de la terna que envió la gobernadora Lorena Cuéllar.
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos aplicaron las pruebas a las aspirantes en tres salones distintos y por espacio de poco más de dos horas, para responder a cada una de las 20 preguntas realizadas.
En la prueba oral, las aspirantes expusieron sus experiencias, propuestas y la visión en el Poder Judicial, como lo expresó en su turno Marisol Barba, al tocarle la pregunta sobre las obligaciones de los magistrados.
“La obligación de los magistrados es impartir justicia en los términos del Poder Judicial; lo primero es ver si es admisible el recurso. Los magistrados son los que velan por la impartición, y que sea pronta y expedita, de manera imparcial en beneficio de todos los justiciables”.
Con base a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura.
Además de las pruebas, las aspirantes a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debe ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 35 años de edad cumplidos al día de la designación; poseer título y cédula profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de 10 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
