DETERMINAN QUEBRANTO FINANCIERO EN OCHO AYUNTAMIENTOS

• Reprueban las cuentas públicas de Jorge Corichi en Tlaxcala, y Luis Ángel Barroso en Xicohtzinco.
• San Pablo del Monte registró anomalías por más de 24 mdp, y Zacatelco, por casi 11 mdp.
• En Tepeyanco, observan más del 44% de los recursos devengados en 2022, y en Xiloxoxtla, el 24%. Tampoco pasan finanzas de Yauhquemehcan y Tetlatlahuca.

Por José Luis Ramírez Romero

El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) determinó que ocho ayuntamientos incurrieron en presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública y al patrimonio municipal, derivado de la operación irregular del presupuesto durante el ejercicio fiscal 2022, motivo por el cual el Pleno del Congreso del Estado votó en sentido reprobatorio sus cuentas públicas.

En San Pablo del Monte, se incumplió el marco normativo en la aplicación de 24 millones 393 mil 715.71 pesos, el 13.9% de 237 millones 021 mil 348.54 pesos devengados por la administración del alcalde Tomás Juárez Contreras, razón por la que su cuenta pública logró un puntaje de 62.5, abajo del mínimo de 70 para lograr su aprobación. Las principales violaciones a la normatividad corresponden al pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción, pago a empresas que no justifican operaciones comerciales, utilización de recursos en fines distintos a los autorizados; pago a proveedores, prestadores de servicios y/o contratitas sin acreditar la recepción del bien o servicios, conceptos de obra pagados no ejecutados, pago de obras sin acreditar su existencia y pago de gastos improcedentes y en exceso. 

En Santa Isabel Xiloxoxtla, que preside Francisco Zacapa Rugerio, las anomalías ascendieron a 8 millones 046 mil 221.58 pesos, el 23.9% de 33 millones 659 mil 896.12 pesos que gastó en 2022. Sus estados financieros puntuaron 68.5, y los conceptos de irregularidad más notables fueron la utilización de recursos con fines distintos a los autorizados, el pago de sueldos y remuneraciones por servicios personales no recibidos, pagos de gastos improcedentes y exceso, y recursos públicos otorgados no comprobados.

En Tepeyanco, la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2022 se hizo en dos periodos, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre, correspondiente a la gestión de Gaudencio Morales Morales, quien falleció por complicaciones de salud; y del 01 de octubre al 31 de diciembre, luego de que Francisco Ixtlapale Pérez asumiera como Presidente Municipal. En el primer caso, la auditoría alcanzó 61.5 puntos, y arrojó observaciones por 13 millones 434 mil 493.96 pesos, que representan el 44.5% de 30 millones 211 mil 901.73 pesos aplicados; y en el segundo 67.5 puntos, con observaciones por 862 mil 888.14 pesos, que ascienden al 8% de 10 millones 741 mil 099.32 pesos devengados. En promedio, la calificación reprobatoria del ejercicio presupuestal fue de 67.5 puntos, y las anomalías más cuantiosas tienen que ver con pagos de gastos improcedentes y en exceso, utilización de recursos en fines distintos a los autorizados, recursos públicos faltantes e impuestos, cuotas y derechos retenidos no enterados.

Asimismo, en Tetlatlahuca, se aplicó indebidamente un monto de 7 millones 486 mil 966.60 pesos, el 15.8% de 47 millones 465 mil 258.71 pesos que ejerció en 2022 la administración de Juan Pablo Angulo Hernández. Las anomalías financieras de más cuantía corresponden al pago a empresas que no justifican operaciones comerciales y al pago de bienes y/o servicios sin acreditas su recepción y/o aplicación. De acuerdo al informe individual del OFS, la cuenta pública municipal logró apenas 58.5 puntos.

En Tlaxcala capital, las irregularidades, desviaciones o posibles daños al patrimonio municipal ascendieron a 13 millones 906 mil 014.60 pesos, esto es, el 17.9% de un importe devengado de 77 millones 807 mil 381.63 pesos. Así, su cuenta pública tuvo una nota no aprobatoria de 65.5 puntos. A la gestión el alcalde con licencia Jorge Alfredo Corichi Fragoso se le observaron anomalías asociadas al pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación, recursos públicos otorgados no comprobados; y pago a proveedores, prestadores de servicios y/o contratitas sin acreditar la recepción del bien o servicio, los cuales acumulan los montos más altos.

También en Xicohtzinco, la actividad financiera del alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez no se desarrolló en apego estricto a la ley, al determinarse irregularidades por 4 millones 869 mil 128.71 pesos, el 10.8% de 45 millones 231 mil 462 pesos que aplicó en 2022, y de las cuales más de la mitad corresponde al pago de gastos improcedentes. El dictamen elaborado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización corroboró un puntaje de 60.5 a su cuenta pública, por lo que tampoco fue aprobada.

En Yauhquemehcan, los estados financieros del ejercicio 2022 que revisó y fiscalizó el OFS tuvieron una calificación reprobatoria de 56.5 puntos. La gestión de la alcaldesa María Anita Chamarro Badillo no atendió la normatividad vigente, especialmente, en el manejo de 14 millones 786 mil 277.69 pesos, que implican el 12.4% de un presupuesto devengado de 119 millones 645 mil 967.72 pesos, y se relacionan especialmente con el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación, el pago de gastos improcedentes, el pago de anticipos a proveedores y recursos públicos faltantes.

Finalmente, el uso del gasto público en Zacatelco no se ajustó a lo establecido en la ley, por lo que su cuenta pública logró 59.5 puntos. Las anomalías financieras por parte de la administración de Hidelberto Pérez Álvarez corresponden a 10 millones 796 mil 563.22 pesos, el 12.8% de 84 millones 508 mil 275.88 pesos devengados en 2022, y por su monto destacan el pago a empresas que no justifican operaciones comerciales, el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación y el pago de gastos improcedentes.

En cada caso, el Congreso local ordenó al OFS dar seguimiento a las observaciones detectadas en las finanzas de los entes fiscalizables, y que los órganos internos de control de los municipios lleven a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes.