Detectan conceptos de obra pagados no ejecutados, y pago de bienes y servicios sin acreditar recepción, en el Poder Judicial

• Acumuló observaciones por más de 5.5 mdp durante el ejercicio fiscal 2021, según Informes Individuales remitidos por el OFS.

• Se aumentó el número de plazas sin que estuviera contemplado en la plantilla de personal, y se incrementó la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en su presupuesto.

Por José Luis Ramírez Romero

Los diputados locales determinaron aprobar las cuentas públicas del Poder Judicial de los periodos del 01 de enero al 12 de agosto y del 13 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, correspondientes a las presidencias de los magistrados Fernando Bernal Salazar y Héctor Maldonado Bonilla.

De acuerdo a los Informes Individuales remitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que, a propuesta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, fueron validados por el Pleno del Congreso del Estado, los estados financieros de ambas gestiones se ubicaron dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad respecto al manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos a su cargo.

Sin embargo, ambas cuentas no estuvieron exentas de observaciones que, en varios casos, deben motivar el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penal, según el caso. 

Según la revisión del primer periodo fiscal, en el cual Bernal Salazar presidía el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), se solventaron 48 de las 116 observaciones emitidas en el transcurso del periodo, asociadas a auditoría financiera y de obra pública. 

Los indicadores de cumplimiento de inversión reflejaron que, de una muestra de obra pública, todas fueron autorizadas, y de las seis realizadas incluidas en la muestra, 83.3% estaban terminadas y 16.7% en proceso. Además, de estas seis, 16.7% consistieron en rehabilitaciones, y el resto a construcciones.

No obstante, se presume responsabilidad de servidores públicos del Poder Judicial por irregularidades derivadas de la no publicación de su prepuesto autorizado en el Periódico Oficial del Estado, y de haber aumentado el número de plazas, de 714 a 740, sin que ello estuviera contemplado en su plantilla de personal.

También, de haber omitido los procesos de adjudicación mediante Licitación Pública Nacional por la adquisición de papelería y artículos de oficina; cubrebocas, gel antibacterial y sanitiklin, y el servicio del proyecto “Sistema Informático Integral de Seguimiento de Expedientes Judiciales”; y de haber dado por concluidas obras sin operar, como la identificada con número de contrato PJET/LP/012-2020, que al 20 de enero de 2022 estaba suspendida y sin presencia de fuerza de trabajo, pese a que existen trabajos pendientes de ejecutar en esta.

En materia financiera, se observaron recursos por 5.13 millones de pesos (mdp), por volúmenes y conceptos de obra pagados no ejecutados, pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación, y procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en obras públicas.

Respecto al segundo periodo fiscal, de la presidencia de Maldonado Bonilla, se atendieron 59 de 73 observaciones, y de una muestra revisada de obra pública, todas fueron autorizadas. De hecho, de tres obras realizadas, que corresponden a construcciones, 66.7% estaban terminadas.

Asimismo, se hallaron anomalías asociadas con la omisión del proceso de adjudicación por invitación a cuanto menos tres personas por los trabajos complementarios en el Archivo del Distrito Judicial de Juárez; el aumento de la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos; y la falta de liquidez en el Fondo Auxiliar para la impartición de Justicia para hacer frente a compromisos contraídos a corto plazo.

En sus estados financieros, se detectó un déficit de 75.76 mdp, y la incorrecta aplicación de más de 400 mil pesos por conceptos de obra pagados no ejecutados, y pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación.

Por lo anterior, corresponderá al OFS dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, y al Poder Judicial, sujetarse a los procesos sancionatorios que resulten legalmente procedentes.