Codicia sin límite de Corichi, quiebra a comerciantes
- Intimidación y hostigamiento la formula para recaudar recursos, cuyo fin se desconoce ni se refleja en mejores servicios a la ciudadanía. Pretende subir impuestos, multas y costo a los servicios que el ayuntamiento proporciona.
En la capital del estado, el gobierno de Jorge Corichi Fragoso ha emprendido una campaña de hostigamiento contra propietarios de pequeños comercios para acrecentar la captación de recursos propios, sin que a la fecha el edil morenista transparente el destino de lo recaudado como lo prometió en campaña.
Resulta que, en fechas recientes, la Coordinación de “Gobierno Abierto”, a cargo de Paul Hernández Gómez, acude a los establecimientos de reciente apertura para exigir las licencias de funcionamiento de sus establecimientos, y les da un plazo de tres días para obtenerlas en caso de no contar con ellas, o de renovarlas, en el caso de que estén vencidas.
Nadie niega que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones, lo lamentable es la falta de sensibilidad del actual gobierno capitalino, el peor del que se tenga memoria, porque ha sido indiferente a la situación económica de los comercios que fueron severamente castigados tras dos años de pandemia.
Las autoridades municipales parecen tener una idea aldeana de la actual situación económica, porque el hecho de que la gente salga con menos restricciones sanitarias y se hayan recuperado las actividades casi a niveles de pre-pandemia, no significa que los negocios se hayan recuperado.
Para quienes creen que la capital termina en el primer cuadro de la ciudad, con actividades y programas que solo benefician a los empresarios del centro de la ciudad, es clara la indolencia, principalmente, a pocas semanas de que culmine el ejercicio fiscal.
A decir de algunos locatarios, la actitud legaloide del gobierno de Corichi es más que criticable, porque con el poco tiempo que les dan para cumplir con la exigencia sienten la presión de la amenaza del “procedimiento administrativo legal correspondiente”, es decir, la clausura del lugar y la multa respectiva.
Si en ayuntamiento capitalino hubiese emprendido una campaña abierta en la que se invitara a llevar a cabo el trámite, con plazos más amplios, o incluso descuentos por el popular Buen Fin, las cosas serían diferentes, pero lamentablemente no fue así. Y las actividades de la Coordinación de “Gobierno Abierto” se sienten como la excusa para llevar más dinero a las arcas municipales, sin que ello se traduzca al momento en mejores servicios municipales ni mejor seguridad pública.