CNDH RECOMIENDA A TLAXCALA CONTAR CON FISCALÍA ESPECIALIZADA EN TORTURA

• Pide a la PGJE y a la CEDH incluir en sus presupuestos recursos para operar un plan de trabajo anual que mejore las investigaciones de tortura en el Estado, y plantea al Congreso local que apruebe tales asignaciones.

Por José Luis Ramírez Romero

Mediante el oficio CNDH/DEMNPT/0995/2023, Antonio Rueda Cabrera, Director Ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), remitió a las y los integrantes de la LXIV Legislatura local el Informe Especial IE-01/2022 sobre Actividades de Prevención Indirecta del MNPT.

En este documento, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Comité Técnico del MNPT, emitió recomendaciones a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a efecto de mejorar el combate a la tortura y otros malos tratos, pero también la prevención indirecta de hechos similares, a fin de cumplir las disposiciones de la Ley General sobre Tortura.

Al respecto, se encomendó a la procuradora Ernestina Carro Roldán y a la ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasdefer establecer un plan de trabajo anual “con objetivos claros, medibles y específicos en relación con las investigaciones de tortura”, a partir de siete puntos focales para su mejor atención, cuyos requerimientos, debidamente justificados, debieron traducirse, en términos financieros, en componentes de sus respectivos proyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

El primero, consiste en “Verificar que la calificación de la presunta violación a derechos humanos o de los hechos con apariencia de delito se califiquen desde el inicio de la investigación como tortura”; el segundo, se relaciona con el “Subregistro de las quejas o carpetas de investigación y razones que lo generan en cada institución (todo aquello que no se califica como tortura desde el inicio de la investigación)”; y el tercero, implica la “Incorporación en las investigaciones de tortura en las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de un plan de investigación y la generación de un mecanismo de revisión de las quejas integradas por tortura en los Organismos de Derechos Humanos, en ambos casos con la finalidad del establecimiento de rutas y/o líneas claras de investigación y tiempos de integración”. 

El cuarto punto, implica las “Necesidades de acciones de capacitación en detención arbitraria, ilegal, uso de la fuerza, tortura, protocolos de Minnesota y Estambul”; el quinto, el “Personal especializado en medicina y psicología que elabore el dictamen médico psicológico siguiendo las directrices del protocolo de Estambul”; el sexto, los “Requerimientos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para el cumplimiento de sus funciones”; y el séptimo, las “Acciones de dignificación de la labor ministerial y de las personas visitadoras adjuntas que investigan quejas de tortura (revisión de cargas de trabajo y condiciones laborales)”. 

Por su parte, a la Mesa Directiva del Congreso local se planteó que, dentro del análisis de los proyectos de presupuesto de la PGJE y de la CEDH para el próximo año, se aprueben recursos, con base en las posibilidades presupuestales del Estado, para atender las necesidades vinculadas con la investigación de casos de tortura, especialmente, porque Tlaxcala es uno de los 16 estados del país que no tienen fiscalía especializada en esta materia.

De hecho, la CNDH y el MNPT sugieren generar una Fiscalía Especializada en tortura como se indicó en el Informe Diagnóstico sobre el estado que guarda la Armonización Legislativa en materia de Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.