Cero tolerancia a la corrupción: la política de Lorena Cuéllar para proteger el PNM
Por: José Luis Ramírez Romero
La decisión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de combatir la tala ilegal en el Parque Nacional La Malinche (PNM) es un relevante acto de autoridad que imprime el sello de la Cuarta Transformación en el ejercicio de gobierno en el Estado de Tlaxcala.
No se recuerda un hecho similar, al inicio de alguna de las últimas administraciones estatales, para mandar un mensaje contundente de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad que, en este caso, han afectado gravemente a la zona forestal.
El PNM, que comparten Tlaxcala y Puebla, es una de las 20 zonas críticas de tala ilegal en México. De hecho, es una de las cinco más importantes. Por esa razón resulta relevante que, a escasas semanas de iniciar su gestión, la gobernadora Cuéllar determinara hacer frente a uno de los problemas más añejos en materia medioambiental en el estado, con evidentes implicaciones en la seguridad de los tlaxcaltecas en distintos niveles.
Junto con el cambio de uso de suelo de los bosques, promovido por políticas erróneas para fomentar la producción agrícola y ganadera, la tala ilegal es una de las principales causas de deforestación en México, que se vincula a la falta de opciones de subsistencia para los habitantes de las zonas forestales y a la actividad del crimen organizado, que diversifica sus negocios.
En este sentido, datos oficiales indican que, solo el año pasado, México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosque, que equivalen a una deforestación superior a la del periodo 2010-2015, que fue de 91 mil 600 hectáreas.
Según el Anuario Estadístico de la Producción Forestal de 2017, el negocio de la madera ilegal rondaba los 7 mil 123 millones de pesos, y de acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-2024, la madera obtenida por la actividad delictiva constituye un tercio de la comercialización, lo que crea importantes distorsiones en el mercado legal.
De ese tamaño es el problema que enfrenta el país, y en Tlaxcala, la voz de la gobernadora Cisneros suena fuerte y claro: cero tolerancia a la corrupción y la impunidad en materia forestal. Y los primeros resultados son alentadores, ya que, tras la cancelación de permisos para extraer madera del PNM, se han dado los primeros aseguramientos de personas y vehículos, así como la clausura de depósitos de almacenamiento, gracias al fortalecimiento de las labores de supervisión y vigilancia, destacando el reciente aseguramiento de cinco vehículos que transportaban cerca de 210 toneladas de madera ilegal.
Este es, sin duda, el inicio de un esfuerzo sin precedentes que promete mayores alcances en beneficio de Tlaxcala y sus recursos naturales, pues para cumplir con este compromiso social, que fue también compromiso de campaña, Lorena Cuéllar suscribió con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) el Acuerdo Macro Área Natural Protegida La Malinche.
Con este pacto, los gobiernos estatal y federal comprometieron acciones y proyectos conjuntos para enfrentar los principales problemas que enfrenta la zona forestal, comenzando con la tala ilegal, el combate de plagas, el cambio de uso de suelo, la atención a incendios provocados, la introducción de especies no permitidas, y medidas de adaptación al cambio climático.
Después de 26 años de anuncios y tareas desarticuladas, el gobierno de Cuéllar enfrenta uno de los principales retos para el desarrollo sustentable de Tlaxcala. Y lo hace con auténtica voluntad política, un elemento ausente en la política de gobierno en los últimos cinco lustros.
