CEDH RADICA EXPEDIENTE DE QUEJA POR LINCHAMIENTO EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN

• Inicia investigación para identificar a las autoridades intervinientes, su grado de participación y el cumplimiento de los protocolos de su actuación.

Por José Luis Ramírez Romero

Tras la muerte de una persona por linchamiento el pasado 15 de abril en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) radicó el Expediente de Queja CEDGHT/6VG/17/2022 e inició la investigación correspondiente por conducto del Visitador General adscrito a la Sexta Visitaduría con sede en dicha comuna, para identificar a las autoridades intervinientes, su grado de participación y el cumplimiento de los protocolos de su actuación.

Asimismo, el organismo autónomo, dentro del ámbito de su competencia, coadyuvará con las autoridades en la deconstrucción social que se requiere para evitar naturalizar prácticas violentas como las suscitadas el pasado viernes, y “concientizar sobre la importancia de vivir dentro de una cultura de legalidad, paz y orden social”.

Así lo manifestó la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, quien a través de un posicionamiento rechazó los “actos barbáricos” sucedidos en San Pedro Tlalcuapan y demandó una investigación seria y profesional para que el caso no quede impune.

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala deplora cualquier acto y tipo de violencia cometidas por particulares contra cualquier persona, ya que tales acciones vulneran los derechos humanos, que son prerrogativas sustentadas en la dignidad e integridad humana”, expuso.

Para la titular del organismo, “cualquier conducta delictiva, debe ser juzgada bajo los procedimientos de nuestro Estado de Derecho”, por lo que “linchamientos como el suscitado el 15 de abril no pueden ser vistos como acciones legítimas para alcanzar o hacer justicia”, ni tampoco “pueden ni deben justificarse bajo ningún contexto”.

Y aunque aclaró que la CEDH no se opone al debido ejercicio de las obligaciones de los entes de seguridad pública, “e incluso de la permisión del uso de la fuerza pública, siempre en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos”, subrayó que “una oportuna y adecuada coordinación en la implementación de los protocolos de actuación y estrategias para la atención de casos como el señalado, han probado su efectividad para evitar la pérdida de vidas humanas”.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender casos como los suscitados en aquella comunidad, pues se encuentran obligadas a garantizar la satisfacción de las necesidades y demandas de diversos sectores de la población, a efecto de prevenir violaciones a derechos humanos y asegurar su protección, respeto y promoción.