Aún no entra en vigor nuevo protocolo contra linchamientos
- El secretario de gobierno confirmó que no se ha publicado en el Diario Oficial del Gobierno, pero el anterior está vigente y se tiene que respetar mientras tanto
El protocolo de actuación policial contra linchamientos que firmaron los 60 presidentes municipales junto con el gobierno estatal aún no entra en vigor, sin embargo, está vigente el anterior y sobre éste tienen que trabajar las autoridades hasta que se aplique el nuevo.
Será hasta que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado cuando comience a surtir efectos, sin embargo, luego de la presentación y firma del que será acatado, se dio un conato de violencia en la comunidad de Ixcotla, en Chiautempan, donde las autoridades tuvieron que actuar conforme a lo que ya conocían para poner a salvo a dos menores de edad y un funcionario público.
El secretario de gobierno, Sergio González Hernández, reconoció la actuación de la policía municipal, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y luego de confirmar que las acciones fueron conforme al protocolo anterior, hubo buena coordinación para atender el caso.
“Todavía no está publicado, pero lo hemos dicho, hay un protocolo vigente, en el caso de Chiautempan se actuó bien, las corporaciones de los tres niveles de gobierno fueron mediadores y luego el gobierno del Estado intervino para llegar a un buen acuerdo con la gente que se mostró inconforme”.
“Hubo una actuación acertada para que la situación que se vivió no pasara a mayores”, expuso.
El viernes pasado, cuando se firmó el nuevo protocolo de actuación policial ante linchamientos, las autoridades estatales mencionaron que uno de los objetivos de que participaran los presidentes municipales es que estén enterados y tengan pleno conocimiento de lo que deben hacer como primeros respondientes y primer contacto directo con la sociedad, pero también se explicó que no están cumpliendo esa labor a pesar de tener ya 16 meses de administración.
Chiautempan, incluso, figura entre las demarcaciones donde durante 2022 se presentaron linchamientos o hubo conflictos sociales que pudieron desencadenar uno, y sus autoridades fueron señaladas como unas de las que no habrían cumplido los protocolos para evitar situaciones de riesgo tanto para la población como para los mismos detenidos y elementos de seguridad.
