APRUEBAN DIPUTADOS INICIATIVA DE LA GOBERNADORA EN MATERIA DE IDENTIDAD DIGITAL

• La nueva norma sustituye la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala; regulará la planeación, administración, soporte y evaluación del acceso a los trámites y servicios digitales que brindan el Gobierno del Estado y los Municipios.

Por José Luis Ramírez Romero

El Congreso del Estado aprobó la expedición de la Ley de Identidad Digital del Estado de Tlaxcala, a propuesta de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a fin de establecer la regulación de la planeación, administración, soporte y evaluación del acceso a los trámites y servicios digitales que brindan el Gobierno del Estado y los Municipios.

Al término de la sesión del pasado 09 de mayo, la Mesa Directiva informó que recibió el oficio sin número remitido por la titular del Poder Ejecutivo, a través del cual presentó a la asamblea a legislativa la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la norma que regula la gestión de trámites y servicios digitales, a través del uso de las tecnologías de información.

Lo anterior, a fin de garantizar el acceso a toda la población a “una administración pública de calidad y transitando a un gobierno digital, con la aplicación de la reingeniería en materia de tecnología informática”.

Conforme a tal criterio, las y los integrantes de la LXIV Legislatura local avalaron la nueva legislación, que sustituye la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala, para instaurar el marco de gobernanza para la implementación de la identidad digital, y establece las bases para que los usuarios hagan uso del Autentificador Digital Único (ADU) para la gestión de trámites y servicios y demás actos jurídicos y administrativos.

En tal sentido, corresponderá a la Secretaría de Finanzas (Sefin) coordinar y administrar el ADU, y también planear, dirigir, autorizar y coordinar las acciones necesarias para la definición de los sistemas, software, tecnologías, certificaciones y todo lo necesario para la implementación del mismo, mientras que a la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) corresponderá implementar la estrategia de desarrollo del ADU y la Cédula de Identificación Electrónica, al igual que desarrollar la herramienta tecnológica para el otorgamiento de credenciales de acceso.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la Ley de Identidad Digital formulada por la mandataria estatal es acorde a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que establece la obligación de los entes públicos de facilitar los trámites y la obtención de servicios, “incorporando el uso de medios electrónicos, magnéticos o de cualquier tecnología, con la finalidad de hacer más eficiente la implementación de herramientas y acciones de mejora regulatoria”.

En su propuesta, Lorena Cuéllar indicó que su administración tiene el objetivo de “ser un gobierno digital, que permita a las personas servidoras públicas concentrar en una plataforma tecnológica, todos aquellos datos que permitan brindar a la población servicios, trámites y procesos administrativos de calidad”.

De este modo, se busca que la administración estatal sea más eficiente “al reducir los tiempos de respuesta, logrando de esta forma la simplificación administrativa y la mejora regulatoria en los trámites y servicios ofrecidos por los sujetos obligados, y generando una mayor transparencia en los mismos”.

A decir de la titular del Ejecutivo, esta norma proporcionará una herramienta a las personas para que puedan acceder a una plataforma que salvaguarde sus datos y les permita adaptarse al uso de tecnologías en el acceso a trámites y servicios que se brindan en la entidad.

En su intervención, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria (PRD) llamó al gobierno estatal a resguardar, en apego a la ley, la información y datos personales de la población, tras mencionar que las disposiciones de la ley implican que la realización de diversos trámites ante dependencias estatales se haga a través de medios digitales.

Opinó que las autoridades deben garantizar sobre el uso de los datos personales y los documentos que ingresen en los diversos trámites para evitar problemas como el robo de información o de identidad, por lo que pidió a las dependencias facultadas con la nueva ley ser depositarias de la información y datos personales de los ciudadanos, sin caer en la tentación de hacer un uso faccioso de los mismos con fines político-electorales.