Aprovechan abogados inconformidades por restricciones sanitarias
- Ofrecen amparos para no presentar certificados de vacunación, uso de cubrebocas o incluso aplicarse vacunas; el trámite cuesta 600 pesos
Abogados de Tlaxcala aprovechan que algunas personas se han mostrado en contra de presentar su certificado de vacunación para ingresar a centros comerciales, tiendas y otros espacios públicos, para hacer negocio ofreciendo recursos legales que los amparen contra las disposiciones sanitarias vigentes.
Desde el lunes, y luego de darse a conocer que un grupo de personas tuvo un fallo legal a favor de no expedir su certificado de vacunación, ahora ofrecen amparos para el uso obligatorio de cubrebocas o incluso aplicarse las vacunas contra el Covid-19.
Los costos son de 600 pesos por persona, según dieron a conocer; quienes realizan esta práctica están promovidos por el grupo opositor a la presentación del certificado de vacunación que, hace unos días, tuvo un éxito ante las autoridades judiciales de la federación.
En esa ocasión fueron alrededor de 300 tlaxcaltecas quienes ya están legalmente amparados contra la presentación del certificado de vacunación, y ahora insisten en que sean más las personas que apoyen esta iniciativa.
Uno de los abogados comentó que “estamos invitando para que las personas se unan para solventar los gastos que se puedan generar, es algo muy serio pues solo externa el deseo de defender, ya que el ejercicio de un derecho no es ofender a nadie».
Sin embargo, la propuesta no solo va encaminada a que más personas se amparen, pues desde el inicio de la semana se instalaron en la plaza Xicohténcatl ubicada en la capital, para reunir firmas y conseguir que, a través de estas, se presente una solicitud de suspensión definitiva.
“En nuestro caso hemos invitado a la celebración de un amparo colectivo, cuya característica es que una parte de la población del pueblo de Tlaxcala asuma una representación especial, considerando que hay intereses difusos los que se están perjudicando con ese decreto, que significa que al existir intereses difusos lo que procede es solicitar una suspensión general del decreto, es decir, que las personas que no promovieron dicho recurso se verán beneficiadas”, refirió.
El conocedor de la ley expuso que algunas disposiciones sanitarias son violatorias de los derechos de las personas, por lo que, con miras a lograr su objetivo, seguirán su movimiento por tiempo indefinido.
