ADVIERTE IMCO RIESGOS EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

• Pueden generar consecuencias negativas, como “la ausencia de control y equilibrio entre los Poderes, una asignación ineficiente de recursos y la falta de transparencia y rendición de cuentas”, señala el centro de investigación.

Por José Luis Ramírez Romero

Una deficiente labor legislativa afecta la gobernanza, la confianza ciudadana y el desarrollo democrático de las entidades federativas, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Informe Legislativo 2023 “El ABC de los Congresos y auditorías”.

En este estudio, el centro de investigación observa que la falta de ejercicio de las funciones asignadas a los Poderes Legislativos estatales puede generar consecuencias negativas, como “la ausencia de control y equilibrio entre los Poderes, una asignación ineficiente de recursos y la falta de transparencia y rendición de cuentas”.

Al respecto, identifica cuatro riesgos que inciden en su función. El primero, es la falta de contrapeso y vigilancia a otros poderes, ante lo cual, dice, se requieren “Poderes Legislativos activos y comprometidos en su función de supervisión”, para reducir las posibilidades de falta de control y equilibrio sobre los poderes Ejecutivo y Judicial, y anticipar escenarios de abusos de poder, corrupción e impunidad, pues de otro modo “no habría una instancia efectiva para exhibir, discutir y cuestionar las acciones de los funcionarios públicos”.

El segundo, es la ausencia de estudio y discusión del presupuesto, por lo que Poderes Legislativos locales deben asumir la responsabilidad de analizar detalladamente el presupuesto propuesto por el Ejecutivo y debatir sobre la asignación de recursos, ya que, sin este proceso, “se dificulta la toma de decisiones informadas y una asignación eficiente de los recursos públicos, lo que puede llevar a un desequilibrio en las áreas prioritarias para la población”.

El tercero, es la falta de monitoreo del gasto, pues, aunque los Legislativos locales tienen facultades y herramientas “como los informes trimestrales de finanzas públicas”, no siempre dan seguimiento puntual al gasto público, de ahí la necesidad de que emprendan un monitoreo constante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y cerrar la puerta “a reasignaciones presupuestarias injustificadas, variaciones del gasto discrecionales y una mala gestión de los recursos públicos”.

Y el cuarto, es la ausencia de fiscalización, recuperación de recursos y sanción, situación que requiere el ejercicio oportuno de las facultades para investigar y fiscalizar sobre el uso de los recursos públicos, lo cual es fundamental para evitar que los presupuesto sean desviados o usados indebidamente sin consecuencias legales, y con ello romper “un ciclo de corrupción que debilita a las instituciones del gobierno”.

Frente a estos escenarios, el IMCO propone establecer en las constituciones políticas de los estados sanciones tanto a diputados como a funcionarios por la falta de convocatoria o la negativa de comparecencia ante el Congreso local. Y es que, si bien la legislación de los estados contempla la facultad de los legisladores y la obligatoriedad de los funcionarios de comparecer, “no existe una consecuencia real ante la falta de este ejercicio de rendición de cuentas”, por lo que, al establecer sanciones “se refuerza el ejercicio de una supervisión efectiva y transparente, salvaguardando el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas efectiva”.

También plantea crear apartados en las páginas de los Congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario. Así, al hacer públicos los informes de finanzas públicas, “se genera un mecanismo de control ciudadano sobre el manejo de los recursos, lo que permite identificar posibles irregularidades y facilita la exigencia a los diputados sobre el ejercicio de sus facultades de vigilancia y contrapeso”.

Por otra parte, plantea “establecer, en las leyes orgánicas de los congresos estatales, un proceso de revisión transparente obligatorio de los informes de finanzas públicas entregados a los diputados”, para lo cual los representantes populares deben auxiliarse, no solamente de las comisiones legislativas respectivas, sino de sus centros de estudios de finanzas públicas, a fin de regular el estudio y verificación de los informes para prevenir o detener los malos manejos de los recursos públicos. De igual forma, apunta, “se alertaría a los órganos de fiscalización superior sobre casos que requieren de un procedimiento de auditoría y, en su caso, de sanción o denuncia correspondiente”.