NOMBRAN A REPRESENTANTES DEL CONGRESO LOCAL ANTE EL COMITÉ CONSULTIVO DEL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

• Diputados aprueban comisión especial que analizará ratificación o no del magistrado Héctor Maldonado Bonilla.
• Plantean reformas para sancionar fraude cibernético y sus agravantes.

Por José Luis Ramírez Romero

Este martes, el Pleno de la LXIV Legislatura local aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el cual se nombró a la diputada Maribel León Cruz (PVEM) y al diputado Ever Alejandro Campech Avelar (PRD) como representantes del Congreso local ante el Comité Consultivo del Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala.

También, avaló la creación de la Comisión Especial de Diputados encargada de resolver sobre la situación jurídica del magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla, respecto de su cargo cuyo plazo vence el 15 de julio de 2022, la cual será presidida por la legisladora Reyna Flor Báez Lozano (Fuerza por México), y en la cual la diputada Marcela González Castillo (Morena) y el diputado Bladimir Zainos Flores (Nueva Alianza) fungirán como vocales.

En el primer caso, la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) presentó la propuesta con proyecto de acuerdo por la cual se rinde contestación al oficio enviado por la titular de la Secretaría de Bienestar, a fin de dar cumplimento a los artículos 33 y 34 de la Ley de Desarrollo Social del Estado.

De este modo, se sustenta el nombramiento de dos legisladores designados por el Poder Legislativo de entre los miembros de las comisiones relacionadas al desarrollo social, con el propósito de formar parte del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, y contribuir al cumplimiento de las atribuciones otorgadas por la Ley.

En el segundo, la propuesta de acuerdo que también estuvo a cargo de la JCCP indica que el periodo para el cual fue designado el Héctor Maldonado está pronto a concluir, por lo que es necesario que el Congreso del Estado ejecute las acciones que correspondan para que el aún integrante del TSJE sea ratificado o no.

Por ello, una vez llevado a cabo el procedimiento de análisis del magistrado en funciones de plazo cumplido, la Comisión Especial de Diputados emitirá el dictamen que conforme a su situación jurídica corresponda, a efecto de presentarlo ante el Pleno.

Cabe mencionar que, durante la sesión ordinaria, se propuso la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar distintas disposiciones al Código Penal en materia de usurpación de identidad y fraude cibernético, a cargo de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

Con esta modificación se busca establecer la pena de tres meses y hasta tres años de prisión a quien lucre indebidamente o cause daño patrimonial valiéndose del uso de algún medio informático, telemático, electrónico o cualquier medio de comunicación, considerándose agravante de delito el que este sea cometido a alguna persona menor de edad o adulto mayor, cuando el sujeto activo sea servidor público o con grado académico en informático o sus similares.