Grave, que plazas policiales sean para cumplir compromisos políticos en municipios: Sergio González
- El secretario de gobierno llamó a los presidentes municipales a dar atención a las deficiencias que enfrentan sus cuerpos de seguridad.
Por José Luis Ramírez Romero
El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, consideró grave que en los municipios las plazas de policías sean utilizadas para cumplir compromisos de empleo por motivos políticos.
Ante las condiciones de seguridad pública en la entidad, llamó a los presidentes municipales a dar atención, de manera corresponsable con el gobierno estatal, a las deficiencias que enfrentan los cuerpos de seguridad municipales, ya que, “en muchos casos son los primeros respondientes” en la atención de hechos delictivos.
El responsable de la política interna de la entidad consideró que, para reforzar la seguridad pública, es necesaria la voluntad política de los municipios para que asuman las atribuciones que les confiere la ley para proteger el patrimonio y la vida de las personas.
Al respecto, indicó que, al inicio de la actual administración estatal, se identificó un escenario de preocupación relacionado con el estado de fuerza municipal, pues era de apenas 300 policías, lo que requirió atención inmediata.
Observó que, con el cambio de gobierno en los municipios, el número de efectivos cayó, pese a que muchos de ellos pudieron contar con certificación policial para portar armamento, lo que generó una condición de riesgo frente a la delincuencia.
Por esa razón, el gobierno estatal fortaleció los lazos de colaboración con el primer nivel de gobierno, a efecto de atender sus necesidades, incluso en materia de patrullas, uniformes y armamento, a pesar de que los municipios cuentan con los recursos del Fortamun para aplicarlos al desarrollo de sus políticas de seguridad.
Como resultado de esta labor, actualmente, el estado de fuerza municipal es superior a los 2 mil policías, y hay un avance del 50% en su certificación.
Agregó que el Gobierno del Estado ha gestionado la aceleración del proceso de certificación policial, que generalmente va de uno a seis meses, y absorbido los costos del examen de control de confianza, que es de 7 mil pesos, con la finalidad de estimular el cumplimiento de ambas disposiciones.
