Diputados reforman Constitución de Tlaxcala; delitos que merezcan pena privativa de libertad se aplicará prisión preventiva
- Tienen que ver con derechos procesales y de la seguridad jurídica
Diputados locales, en sesión de Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso de Tlaxcala, aprobaron este martes diversas reformas a la Constitución Política del Estado para definir derechos procesales y de adecuación al máximo ordenamiento jurídico de la entidad.
Entre las diversas adecuaciones al párrafo primero y tercero del artículo 120 y adicionaron los párrafos, décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 20 del mismo marco normativo.
El dictamen con proyecto de decreto avalado, y que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, establece que las adecuaciones al artículo 20 relativo a los derechos procesales y de la seguridad jurídica, los legisladores establecieron que sólo por delito que merezca la pena privativa de libertad se aplicará la prisión preventiva.
Además, que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos y que el Estado pueda celebrar convenios para que las personas condenadas a purgar pena de prisión la puedan cumplir en centros penitenciaros fuera de Tlaxcala.
Destaca que la organización del sistema penitenciario estará sujeto al respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción social.
Asimismo, los legisladores del Poder Legislativo autorizaron al Estado de Tlaxcala, celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
Por cuanto, hace al artículo 120 en materia de reforma, los legisladores locales establecieron que las minutas de reforma a la Constitución Federal que envía el Congreso de la Unión, deberán ser atendidas por el Congreso del Estado en un tiempo no mayor a tres meses, a fin de no causar perjuicio al interés público de los mexicanos.
Y se autorizaron modificaciones para someter a referéndum el resultado afirmativo de una convención constitucional que revise todo el texto constitucional o proponga una nueva Constitución.
El Decreto será enviado a los ayuntamientos del Estado para que, en términos del artículo 120 de la Constitución, consulten en sus respectivos cabildos y las dos terceras partes de sus miembros decidan si aprueban o no estas adecuaciones constitucionales.
