PROCURADURÍAS MUNICIPALES ATIENDEN AL 80% DE LA INFANCIA QUE SUFRE ALGUNA VULNERACIÓN EN SUS DERECHOS

Para el cierre de 2026, las autoridades estatales proyectan el arranque del Centro Integral de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta especializada inspirada en modelos de éxito que concentrará en un mismo espacio al Ministerio Público, la Fiscalía, la Procuraduría de Protección y al Poder Judicial

Por: Isabel Polvo

El sistema de protección para menores en el estado ha consolidado un crecimiento en la atención de la infancia vulnerada, al pasar de 1,789 niñas, niños y adolescentes (NNA) atendidos en 2021 a 11 mil 093 en 2023. Con este avance, las autoridades estatales revirtieron el panorama de atención: de mantener un aproximado del 80 por ciento de omisión en el pasado, actualmente se atiende a cerca del 80 por ciento de la infancia que sufre alguna vulneración en sus derechos.

Rubén Fernando Hernández Mejía, jefe del departamento de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que, tras alcanzar dicho pico, las cifras de 2024 y 2025 muestran una tendencia a la baja, lo que refleja una disminución en la vulneración de derechos en la entidad una vez que los menores reciben atención integral.

«Para 2021 tenemos en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) contabilizó  que aproximadamente son 360,000 niños en el estado de Tlaxcala. De estos 360,000 niños UNICEF establece que aproximadamente 14, 500 niñas, niños y adolescentes, que es entre el 11% o 10.8% se encuentran en una posible vulneración o en vulneración de sus derechos, es decir, estos 14, 500 niñas, niños y adolescentes. Y la Procuraduría de Protección Estatal solamente lograba atender 3, 045 niños por año en el entendido entre niños, entre niñez grande y niñez nacional. Para la niñez nacional eran 1,750 niñas, niños y adolescentes nacionales los que lográbamos atender año con año».

Conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la atención se ejecuta de manera obligatoria a través de células multidisciplinarias compuestas por cuatro figuras esenciales en los municipios: un procurador de protección (licenciado en derecho), un asesor jurídico, un psicólogo y un trabajador social. A nivel estatal, la Procuraduría cuenta con ocho equipos multidisciplinarios para la cobertura de todo el territorio.

Aunque las procuradurías municipales dependen directamente de los ayuntamientos y de los presidentes municipales a través de los sistemas municipales DIF, la Procuraduría de Protección Estatal ha estrechado la coordinación operativa. Hernández Mejía detalló que para el año 2025, la antigua jefatura de departamento de coordinación evolucionó con la creación de ocho subprocuradurías distritales.

Esta estructura se divide conforme a los distritos judiciales del estado: dos subprocuradurías en materia penal (Guridi y Alcocer, y Sánchez Piedra) y seis en materia civil y familiar. Su función principal es capacitar, asesorar y acompañar constantemente a los equipos municipales bajo las directrices de un solo centro estatal.

De cara al año 2026, el modelo estatal ha implementado una estrategia de innovación con miras a las reformas del Poder Judicial proyectadas para 2027 y la transición a los juicios orales. Las procuradurías municipales, que inicialmente fungían como unidades de primera atención para reportes derivados del 911 o casos comunitarios, ya han comenzado a ingresar directamente a juzgados familiares y penales. Este acompañamiento técnico busca garantizar una representación jurídica directa y robusta para la niñez en los tribunales.

Por su eficiencia y el máximo aprovechamiento de recursos, el modelo de procuradurías municipales de Tlaxcala se encuentra a la vanguardia nacional e internacional. Los estados de Hidalgo y Michoacán han solicitado asesoría para replicar esta política pública, la cual también ha sido expuesta en el marco de proyectos de cooperación internacional (como Amexil) con países como Uruguay y Chile.

Para el cierre de 2026, las autoridades estatales proyectan el arranque del Centro Integral de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta especializada inspirada en modelos de éxito que concentrará en un mismo espacio al Ministerio Público, la Fiscalía, la Procuraduría de Protección y al Poder Judicial.

El objetivo primordial de este centro es erradicar los retrasos administrativos de tres o cuatro horas que suelen registrarse en la atención ordinaria, ofreciendo una justicia pronta y expedita en casos de violencia, abuso o vulneración a los derechos de los menores.

Hernández Mejía precisó que la estrategia funcionará bajo una distinción de competencias: las procuradurías municipales resolverán de forma inmediata los casos catalogados como «restricción de derechos» o vulneraciones iniciales de rápida restitución (por ejemplo, la inasistencia breve a la escuela por enfermedad); mientras que el nuevo Centro Integral de Justicia intervendrá de forma directa en las violaciones graves y prolongadas de derechos para encauzar a las víctimas hacia los mecanismos judiciales correspondientes.