Analizará Congreso nueva Ley de Juicio Político

Para actualizar la presente, que ya no considera varias sanciones y solo genera confusión

Por: Miguel Ángel Lara

El Congreso del Estado analizará la propuesta de discutir y aprobar una nueva ley de Juicio Político para servidores públicos del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de actualizar y poner al día la ya existente en la entidad.

A su vez, esta nueva ley pondrá orden, modernizará y hará más claro el proceso para sancionar a los servidores públicos que cometan conductas graves que afecten a la ciudadanía.

El diputado Miguel Ángel Caballero Yonca fue quien presentó ante el Pleno del poder legislativo la propuesta que llamó “histórica”, al reconocer que, desde hace varios años, Tlaxcala ha utilizado una ley que ha sufrido enmendaduras, que ya es vieja y que además ya no coincide con la realidad que se vive actualmente.

El legislador expuso que la nueva ley se hace necesaria ante las reformas federales que buscan combatir eficazmente la corrupción; derivado de estos acontecimientos varios procesos cambiaron y a ley tlaxcalteca se hizo obsoleta y además quedó incompleta.

Caballero Yonca expuso que, entre otras cosas, la actual Ley de Juicio Político ya no regula la responsabilidad administrativa, ya no aplica el desafuero, porque el fuero procesal desapareció, y varias partes dejaron de tener sentido o ya no pueden usarse. Además, enfatizó en que mantener esta ley solo genera confusiones y vacíos legales

Por eso, subrayó que su propuesta propone una nueva legislación con reglas claras, modernas y entendibles acerca de cómo se debe sancionar a los servidores públicos cuando incurra en faltas graves.

Esta ley, agregó, protegerá a la ciudadanía porque incluirá las sanciones que se deben ejecutar para cada caso en el que una autoridad abuse de su cargo, aplique recursos públicos de manera indebida, viole los derechos de los ciudadanos, atente contra las instituciones o afecte servicios esenciales.

Plantea también que los procesos no queden inconclusos, a través de un calendario que establecerá fechas máximas para cada asunto, garantizando que el servidor público sea sancionado en tiempo y forma, incluyendo tecnología y métodos actuales para agilizar los procedimientos.

La propuesta busca que se defina claramente quién puede ser sujeto a juicio político y establecer desde los hechos el tipo de falta o mala conducta en la que incurrió el servidor, para garantizar al mismo tiempo que sus derechos no se vulneren.

Tras la exposición, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.