Solo 15 de cada 100 denuncias por daño patrimonial han tenido efecto: OFS
El titular del OFS considera que es necesaria una reforma a la legislación local, para evitar que existan omisiones en la sanción de malversación de fondos y daño patrimonial en los municipios, principalmente
En Tlaxcala, solo menos de 15 de cada 100 denuncias interpuestas por presunto daño patrimonial en contra de autoridades de entes fiscalizables han tenido efecto, sostuvo el titular del órgano de fiscalización superior, Arturo Lucio Salas Miguela.
Al reconocer que la acción de la justicia es baja, principalmente en contra de presidentes municipales que incurren en abusos, excesos y malversación de recursos públicos, instó a que la legislación local en esta materia debe actualizarse.
El objetivo, señaló, es prevenir que por norma deje de sancionarse el daño patrimonial y la malversación de fondos que año con año se observa, y que se ha convertido en un padecimiento legal en la entidad.
En la entrevista que concedió luego de entregar el paquete que contiene el Informe General de la Cuenta Pública 2024 al Congreso del Estado, Salas Miguela reconoció que, de 140 denuncias penales promovidas, solo entre 10 y 15 por ciento (%) han procedido.
Aunque enfatizó que, si bien existen casos en los que exfuncionarios han sido sancionados e incluso detenidos, los procedimientos suelen ser lentos, opacos y poco eficaces.
“Los expedientes se integran, se denuncian ante las instancias competentes, pero una vez que se hace esto el OFS ya no tiene injerencia en el seguimiento. Sabemos que se sancionan cuando nos notifican, pero en muchos casos no se nos informa el estatus”, sostuvo.
El problema, detalló, radica también en un sistema legal que permite tergiversaciones y omisiones que terminan beneficiando a los responsables del desvío o uso indebido de recursos públicos.
“Necesitamos reformas a fondo en materia de responsabilidad administrativa. La ley debe ser más clara, más estricta y ágil, para que las sanciones no tarden años y para que la justicia sea una realidad”, argumentó.
En el informe que entregó, expuso, se documentó el caso de al menos 20 directores de obras que no son aptos para el cargo, pero que los presidentes municipales han mantenido a pesar de haber sido notificados de incurrir en una falta legal.
Además, enfatizó, la mitad de los síndicos municipales se negaron a firmar la cuenta pública, lo que activa protocolos de revisión especial por parte del OFS.
“Cuando hay señalamientos de síndicos o regidores sobre posibles irregularidades, se revisa con más profundidad”, explicó.
