En manos de la Fiscalía, caso de presidenta de comunidad en Zacatelco

El secretario de educación fijó una postura, y la CEDH comenzó una investigación, tras los señalamientos de posible corrupción de menores; el alcalde también fijó su postura

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) deberá encargarse de la investigación del caso de Valeria Barrientos Velázquez, presidenta de comunidad de la segunda sección de Zacatelco, luego de que fuera señalada de posiblemente haber incurrido en el delito de corrupción de menores.

Tras un video publicado en las redes sociales con el que se le acusó de incitar a estudiantes de secundaria a recibir una remuneración económica a cambio practicar actos que posiblemente atentan contra su privacidad, las autoridades educativas, de derechos humanos y del ayuntamiento de Zacatelco han emitido posicionamientos coincidiendo en que la integridad de los menores de edad debe protegerse, sobre todo.

El Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, fijó su postura respecto al tema, y en sus declaraciones externó que la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos deben concluir con prontitud y responsabilidad las investigaciones correspondientes, con apego a la legalidad, a los derechos humanos y al interés superior de niñas, niños y adolescentes.

A través de un comunicado reiteró que “ningún acto dentro del sistema educativo debe vulnerar la dignidad de la niñez ni normalizar prácticas que puedan comprometer su desarrollo emocional. No se trata de prejuicios ni de persecuciones, sino de principios. Las escuelas deben ser espacios seguros, formativos y libres de violencia, sin excepción”.

Homero Meneses también mostró apoyo a la comunidad LGBTIQ+ condenando toda forma de violencia política en razón de género, así como los discursos de odio que atentan contra la integridad de las personas trans o de la comunidad LGBTIQ+.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), por su parte, inició una investigación por los hechos y se pronunció a favor de los adolescentes implicados, externando que “cualquier medida, actividad o mensaje que les involucre debe tener como prioridad su bienestar físico, emocional, psicosocial y su desarrollo integral”.

“Ante estos hechos y en cumplimiento de sus obligaciones, la CEDHT, a través de la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas, inició la investigación correspondiente y radicó el expediente de queja número CEDHT/VEGT/20/2025”.

En el documento que emitió el organismo defensor de los derechos de las personas se argumentó que “en este caso, los derechos a considerar, entre otros, son el libre desarrollo de la personalidad, a la integridad emocional, a ser escuchados y a vivir libres de discriminación. Por ello, cualquier acción institucional dirigida a este grupo, debe diseñarse desde un enfoque de protección integral, considerando su edad, madurez, capacidad progresiva, autonomía y la necesidad de generar entornos de contención, respeto y confianza”.

La CEDHT recordó que “las personas que ejercen funciones públicas tienen el deber de limitar su actuación formal frente a los derechos humanos, especialmente cuando se interviene en actividades con niñas, niños y adolescentes, la cual se extiende también a los mensajes, discursos, contenidos y dinámicas que impulsan desde su representación institucional.

Las personas servidoras públicas están obligadas a garantizar un marco de seguridad emocional, integridad y protección contra todo acto que pueda resultar lesivo, aún si no fuera intencional, deben abstenerse de exponer a menores de edad a situaciones públicas que puedan malinterpretarse, sacarse de contexto o derivar en linchamientos sociales o digitales; y es su responsabilidad verificar previamente el enfoque pedagógico, el consentimiento informado (cuando sea necesario) y la observancia de la normativa aplicable en cualquier dinámica que implique contacto directo con grupos en situación de vulnerabilidad. Y, sobre todo, tienen la obligación de capacitarse constantemente en materia de derechos humanos, género, protección a la infancia, inclusión y comunicación institucional responsable”.

Por la tarde, el presidente municipal de Zacatelco, José Miguel Acatzi Luna, ofreció una rueda de prensa en la que fijó su postura y en sus declaraciones dijo que, aunque hasta el momento no ha recibido ninguna queja o reporte por parte de los padres de familia de los alumnos que pudieran sentirse agraviados, coincide con las instituciones estatales y asumió la responsabilidad de cooperar para que la situación se aclare.

“El personal de la Procuraduría Municipal de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes tuvo un acercamiento con la institución educativa y no se recibió una denuncia como tal; hasta el momento no tenemos forma de indagar los nombres o una cuestión adicional, pero desde aquí pongo de manifiesto muy precisa y muy concreta la disposición de este gobierno municipal para poder coadyuvar a que las infancias y las juventudes puedan desarrollarse en entornos saludables, seguros y dignos”, externó el alcalde.

De este modo, el seguimiento recae en la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes de oficio podrían dar continuidad a lo que se mostró desde el fin de semana en las grabaciones difundidas.