Impugnan 4 candidatas resultados de elección judicial en Tlaxcala
No reflejan la decisión del pueblo en las urnas, argumentaron tras la designación de cargos
Cuatro candidatas a jueces y magistradas en Tlaxcala impugnaron ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) los resultados de la elección del primero de junio, por las inconformidades que tuvieron derivadas de la validación de cargos jurisdiccionales.
Entre sus argumentos destacan la falta de transparencia, equidad y legalidad de las designaciones, al considerar que los acuerdos aprobados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITR) no reflejan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.
Laura Marcela Ramos Vela, candidata al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, impugnó el acuerdo ITE-CG 67/2025, al considerar que obtuvo un respaldo ciudadano superior al de otros aspirantes, pero fue excluida del nombramiento correspondiente. Su demanda fue turnada a la Tercera Ponencia del TET desde el 14 de junio.
Liliana Lezama Carrasco, candidata a magistrada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, presentó el expediente TET-JE-056/2025 en contra del acuerdo ITE-CG 62/2025, el cual benefició a Fanny Margarita Amador Montes y Mildred Murbartián Aguilar. Su caso quedó bajo estudio de la Primera Ponencia.
Claudia Cervantes Rosales, aspirante a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala, impugnó el acuerdo ITE-CG 63/2025, a través del expediente TET-JDC-057/2025, bajo el argumento de que los criterios de selección vulneraron principios de imparcialidad y objetividad. Su juicio fue turnado a la Primera Ponencia.
Por su parte, Águeda Zempoalteca Pérez, aspirante a una de las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, impugnó el acuerdo ITE-CG 65/2025, mediante el cual se nombró a quienes ocuparán los lugares en dicho órgano. El caso ya se encuentra en análisis de la Segunda Ponencia del TET.
Mientras las demandas se analizan, las candidatas solicitaron medidas cautelares para evitar la toma de protesta definitiva de quienes resultaron designados en los casos que impugnan, hasta que se resuelva la legalidad de los acuerdos emitidos por el ITE.