Tres jueces protegían a “Los Brujos”, señala gobernadora

La banda delictiva de Apizaco gozaba de impunidad con la ayuda de juzgadores que favorecían su liberación cada vez que eran detenidos; ya fueron destituidos

Tres jueces eran aliados de la banda delictiva de “los Brujos” que opera desde hace varios años en Apizaco, pero ya fueron destituidos.

La gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, sostuvo que, aunque fue complicado, se logró que esos juzgadores ya no estén en funciones y sus protegidos ya no sean liberados como ocurría antes.

“Costó trabajo, mucho trabajo quitar a tres jueces, porque aquí agarrábamos a una banda una y otra vez y los dejaban salir y así, tres veces pasó, hasta que esos jueces fueron cesados, hoy esa banda ya está detenida, era una banda de mucho tiempo que se había venido buscando y que se llamaba “Los Brujos” en Apizaco y que hoy ya están detenidos, costó mucho trabajo pero por eso, porque por aquí entraban y por aquí salían”, dijo.

La mandataria estatal afirmó que estos jueces, además, obstaculizaban el trabajo de las autoridades para frenar la actividad delictiva de “Los Brujos”, quienes en reiteradas ocasiones expresaron libremente que gozaban de impunidad.

Como gobernadora, señaló, no puede intervenir en el poder judicial, lo que impedía que desde la primera vez se detuviera y se procesara a los integrantes de esa banda; “son otras instancias, no puedo ordenar en el poder judicial”.

Al hablar sobre los beneficios de las reformas al Poder Judicial y los efectos que traerá el haber elegido a los próximos jueces y magistrados a través de la elección del primero de junio, la mandataria estatal reafirmó que ahora los ciudadanos fueron quienes eligieron y sabrán que pueden confiar en ellos.

“Por eso fue tan importante esta reforma, hoy con el voto que fue tan importante quedaron jueces que eligió el pueblo, y que además los pueden quitar sin no trabajan bien, esa es la ventaja”, dijo.

Con la entrada en vigor de la reforma judicial, se establecerá un Tribunal de Disciplina que permitirá a los ciudadanos presentar denuncias formales contra jueces corruptos, lo que podría derivar en sanciones e incluso en la destitución de los funcionarios que caigan en actos de este tipo.