Comerciantes alzan la voz por incumplimiento del ayuntamiento de Tlaxcala 

– Manifestaron su preocupación por el aumento en los costos de diversos trámites esenciales para la operación de sus negocios, aunado a la  imposición de requisitos improcedentes para refrendar licencias de funcionamiento

– También señalaron la falta de obras públicas y acciones en materia de seguridad 

Isabel Polvo 

Integrantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del municipio de Tlaxcala expresaron públicamente su preocupación por el aumento en los costos de diversos trámites esenciales para la operación de sus negocios, aunado a la  imposición de requisitos que consideran improcedentes al momento de refrendar sus licencias de funcionamiento, contrastando con lo estipulado en la Ley de Ingresos vigente para la capital del estado.

A pesar de estas cargas financieras adicionales y las exigencias burocráticas no se ven reflejadas en mejoras tangibles para la comunidad, tales como la ejecución de obra pública de calidad o el fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad; de paso lamentaron el incumplimiento de acuerdos por parte del ayuntamiento capitalino. 

Por ello, advirtieron que, de persistir esta actitud de cerrazón frente a sus demandas en materia de trámites y permisos esenciales para su operatividad, se verán obligados a escalar sus acciones, contemplando incluso medidas drásticas como el cierre de la presidencia municipal o importantes vialidades.

En conferencia de prensa la mañana de este jueves, representantes de la asociación, acompañados por locatarios del mercado “Emilio Sánchez Piedras”, manifestaron su descontento por el incumplimiento de diversos compromisos por la administración municipal que preside Alfonso Sánchez García. 

Adicionalmente, denunciaron actos de abuso de poder por parte del concuño del alcalde, director de Comercio, Luis Aduna, además criticaron por ser un acto de nepotismo.

Según testimonios recabados, se ha detectado un incremento desmedido en las tarifas de permisos para comerciantes semifijos, pasando de una cuota anual de 550 pesos a una mensual de 2 mil 600 pesos, una situación que consideran insostenible para quienes derivan su sustento de esta actividad.

“El señor anda cobrando excesivamente a los compañeros, incluso los anda intimidando que si no pagan los va a retirar el lugar a donde están”, Por lo que, cuestionando “¿De dónde van a sacar ese dinero los compañeros que se ganan la vida honradamente por el pago de piso?”.

Librado Muñoz Muñoz, líder de la asociación, lamentó que las expectativas generadas tras las conversaciones con el secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez, respecto a la resolución de problemáticas heredadas de la administración anterior, incluyendo pagos de licencias, asuntos relacionados con locatarios del mercado y la gestión de adeudos no se hayan materializado en acciones concretas.

Muñoz detalló la incongruencia entre el compromiso del edil morenista de no aumentar tarifas y la realidad de un incremento en el cálculo del impuesto predial que impacta a toda la ciudadanía, no solo al sector comercial. 

Asimismo, señaló alzas en trámites de dictámenes de protección civil y la reintroducción del controvertido Derecho de Alumbrado Público (DAP), concepto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había invalidado en 2024 tras una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Muñoz Muñoz cuestionó la transparencia en el uso de los recursos recaudados, argumentando que no se ven reflejados en obras públicas de calidad. Para respaldar su afirmación, exhibió evidencia fotográfica de deficiencias en la infraestructura urbana, como rejillas de alcantarillado deterioradas y la reaparición de baches tras las lluvias.

En cuanto a los requisitos para el funcionamiento de negocios, la asociación reveló que, si bien la normativa establece diez, el ayuntamiento capitalino exige dieciocho. Los ocho documentos adicionales se justifican en convenios no especificados ni transparentados por la administración municipal.

Como ejemplo concreto, Librado Muñoz mencionó que la obtención de una constancia de uso de suelo comercial implica la presentación de una constancia de alineamiento y una de número oficial, lo que añade un costo adicional de 1,600 pesos al pago del refrendo, cuyo monto ya varía según las características de cada negocio. También criticó la exigencia de un documento de no adeudo de multas, requisito que solo se debería aplicar a los proveedores gubernamentales.

Por su parte, Plácido Gallegos, representante de los locatarios del mercado municipal «Emilio Sánchez Piedras», añadió que, a pesar de contar con una minuta firmada por el secretario del ayuntamiento, persisten problemáticas internas como la falta de respeto a las zonas y giros asignados a cada local.