Invalida SCJN disposiciones de Leyes de Ingresos 2024 de 18 municipios
Exhortan al Congreso del Estado eviten incurrir en vicios de inconstitucionalidad que también pudieran generar violaciones a los derechos humanos.
Isabel Polvo
Por cobros relacionados con el derecho de acceso a la información pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos 2024 de 18 municipios de Tlaxcala.
Los ministros exhortaron al Congreso del Estado a evitar incurrir en vicios de inconstitucionalidad que también pudieran generar violaciones a los derechos humanos.
Por tercer año consecutivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de las Leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de los ayuntamientos de Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, Chiautempan, Quilehtla, Terrenate, Tenancingo, Acuamanala, Mazatecochco, Apetatitlán, Benito Juárez, El Carmen Tequexquitla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco, San Jerónimo Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas y Totolac.
Tras argumentar que hubo violación al derecho de acceso a la información pública, a la gratuidad de este derecho y al principio de proporcionalidad tributaria. Aunado a que el pleno de la Corte determinó que el cobro por servicios de producción de información pública viola el principio de proporcionalidad tributaria.
Así también, se establecieron cobros por la expedición de certificaciones relacionadas con el acceso a la información pública, violando este derecho y la gratuidad que lo rige.
Y es que, no se justificó las tarifas de acuerdo con el valor de los insumos para proporcionar información; aunado a que la certificación de documentos “no genera un costo adicional para los municipios».
Lo anterior, tras la validación del Congreso de mencionadas leyes de ingresos municipales derivó en establecer un cobro equivalente a 0.22 unidades de medida y actualización por cada hoja certificada, ya sea tamaño carta u oficio, lo que equivale a 22.82 pesos por documentos no relacionados con acceso a la información pública; así como una UMA (103.74 pesos) por certificaciones relacionadas con solicitudes de acceso a la información.
Recordar que en 2022 y 2023, la CNDH también promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de ingresos de los municipios de Tlaxcala, y que fueron invalidadas por la Suprema Corte al determinar que contravenía a principios constitucionales.
