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Expropia gobernadora predio estratégico para consolidar zona metropolitana

  • Se destinará como “reserva territorial estratégica” para crear una zona de desarrollo para el establecimiento de servicios públicos estatales y/o metropolitanos.
  • Una fracción se donará al IMSS para que lleve a cabo la construcción del Hospital General de Zona.

Por José Luis Ramírez Romero

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros decretó la expropiación de una fracción del predio rústico denominado “Cristo Rey», ubicado en el barrio de Tepetlatzingo, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a favor del Poder Ejecutivo.

Lo anterior, tras acreditar la justificación de la causa de utilidad pública que se aplicará en el bien inmueble, con el objeto de destinarlo como “reserva territorial” para crear una zona de desarrollo para el establecimiento de servicios públicos estatales y/o metropolitanos “en beneficio de la población local y de los Estados vecinos”, así como para donar una parte al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que lleve a cabo la construcción del Hospital General de Zona. 

La superficie total sujeta al procedimiento radicado bajo el expediente administrativo de expropiación número 01/2023, es de 140 mil 303.72 metros cuadrados, y de acuerdo a la escritura inscrita en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado, la cesión de derechos posesorios del predio rústico se concretó en 2005, y fue otorgada por Laureano Díaz Rosano, Miguel Toríz Torres y Macario López Ocaña en favor del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala.

Como parte del procedimiento, el Poder Ejecutivo llevó a cabo un convenio de pago de indemnización y ocupación previa, el pasado 16 de agosto, mismo que comprometió un pago a los afectados por la suma 2 millones 525 mil 466.96 pesos.

Una vez publicado el decreto de expropiación, el pasado 3 de noviembre, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por conducto del titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, José Rufino Mendieta Cuapio, surtieron efectos de notificación para los afectados, y con los ejemplares necesarios de la publicación del mismo, se giró oficio al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado, así como a los titulares de las Oficinas Catastrales del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, para que se realice su inscripción tal y como lo preceptúa el artículo 30 de la Ley de Expropiación para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

Además, se tomó inmediata posesión del inmueble expropiado a favor del Poder Ejecutivo, y se informó a la Oficialía Mayor de Gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo los trámites correspondientes con la finalidad de dar de alta los predios expropiados en el catálogo de bienes inmuebles del Gobierno del Estado. 

Según la gobernadora Lorena Cuéllar, en los últimos años, el Gobierno del Estado “ha realizado un importante esfuerzo por afianzar el equipamiento y la infraestructura necesaria para el bienestar de todos sus ciudadanos” en las inmediaciones de Santa Cruz Tlaxcala, muy próximo a la comunidad de San Matías Tepetomatitlán, en Apetatitlán, y del municipio de Amaxac, donde “se ha consolidado un centro estatal de servicios de salud, cuyos beneficios van más allá de brindar servicios a la población tlaxcalteca, alcanzando incluso a beneficiar Estados vecinos como Puebla, principalmente de su región norte”. 

En este sentido, advierte que el predio denominado “Cristo Rey» se única “en un lugar estratégico”, ya que permite el fácil acceso “desde las distintas regiones del estado y particularmente desde las zonas conurbadas que conforman la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco”.

Por ello, se consideró necesario integrar dicho predio a la reserva territorial estratégica, a efecto de urbanizarla y destinarla a la programación y edificación de equipamiento metropolitano y/o estatal que brinde servicios públicos. 

Además, ofertará suelo “para las instituciones públicas que presten servicios públicos federales, estatales y/o metropolitanos en beneficio de la población local y de los estados vecinos”. 

En consecuencia, fue procedente “iniciar el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública respecto de una fracción del predio rústico”, durante el cual, abundó la mandataria estatal, “fue debidamente otorgado el derecho de audiencia a los afectados por la expropiación”.