Invalidan la sentencia al “homicida” de Colosio
Un Tribunal Colegiado invalidó la sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994, y ordenó dictar una nueva resolución por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, conforme a lo establecido en el Código Penal de Baja California al momento de los hechos.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito amparó a Aburto Martínez al considerar que debió ser juzgado por el delito de homicidio con base en el Código Penal de Baja California, que establece una pena de 16 a 30 años de cárcel por dicho delito del fuero común, y no conforme a las normas del Código Penal Federal.
La medida abre la posibilidad de que el homicida confeso de Colosio pueda quedar en libertad, si es que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación así lo determina en los próximos meses, pues será el encargado de dictar la nueva sentencia.
El Primer Tribunal Colegiado determinó fundados los agravios de Aburto Martínez, ya que el homicidio se trata de un delito del fuero común, motivo por el cual debieron aplicarse las disposiciones del Código Penal de Baja California.
Mario Aburto lleva 29 años en prisión, por lo que en caso de que le apliquen la pena máxima, con base en el Código Penal de Baja California, habrá compurgado su condena el 23 de marzo de 2024. La tarde del miércoles 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue víctima del segundo magnicidio cometido en México al recibir dos disparos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el abdomen, por parte de Mario Aburto Martínez, quien fue aprehendido de forma inmediata por los guardaespaldas del candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esa misma noche, en su primera declaración ministerial, Aburto Martínez confesó ser el autor intelectual del asesinato. Al día siguiente, en la mañana del 24 de marzo, acusado por los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma de fuego, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio fue trasladado vía aérea al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante las primeras horas que pasó detenido, alegó haber sido víctima de tortura por parte de quienes lo detuvieron y aseguró que no recordaba nada de lo que había declarado la noche del 23 de marzo.
El lunes 4 de abril, Miguel Montes García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que la subprocuraduría creada especialmente en la Procuraduría General de la República para resolver el caso había resuelto que la agresión en contra del candidato fue una “acción concertada” y desechó la teoría del asesino solitario. Sin embargo, tres meses después, el 14 de julio, aseguró que no se hallaron nuevos elementos para probar la teoría de acción concertada, hecho por el que confirmó que Mario Aburto Martínez fue el único planificador y autor del homicidio.
Desde 1996 hasta 2004, las investigaciones del caso tomaron diferentes rumbos en los que se discutió, aceptó y desechó nuevamente la posibilidad de que el asesinato de Colosio Murrieta fuera planeado y llevado a cabo por diferentes tiradores como parte de un complot político para sustituir al candidato debido a problemas con el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari y otros móviles que fueron descartados.
Fue el 5 de octubre de 2004 cuando fue sentenciado a 48 años de prisión, pero luego de promover varios amparos, el 16 de diciembre de 2004, un tribunal redujo su sentencia a 45 años.
En marzo de 2006, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el entonces vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, afirmó que para las autoridades el caso Colosio estaba jurídicamente cerrado.
El caso del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio volvió a cobrar relevancia en octubre de 2021 cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio sufrió tortura y violaciones graves a sus derechos humanos por el magnicidio. En respuesta, Andrés Manuel López Obrador ofreció el jueves 28 de octubre la protección del Estado a él y a su familia solo si él podía probar que fue torturado, amenazado y obligado a guardar silencio.
