SE PRONUNCIAN EN TRIBUNA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN EL ESTADO DE TLAXCALA

• Diputada independiente recuerda que la SCJN resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, al conmemorar el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Por José Luis Ramírez Romero

La diputada independiente Lorena Ruíz García se pronunció por la legalización del aborto en el Estado de Tlaxcala, al conmemorar el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora local recordó que el 28 de septiembre se conmemora esta fecha para reconocer la lucha de las mujeres por el aborto legal, seguro y accesible, así como para recordar el Quinto Encuentro Feminista Latinoaméricano y del Caribe, que se llevó a cabo en Argentina, en noviembre de 1990, en cuyo marco se aprobó la Declaración de San Bernardo, en la que se proclamó dicha efeméride.

“La propuesta de la fecha fue realizada por la delegación brasileña, con el objetivo de poder rescatar esa fecha, pero de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todas las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas. Lamentablemente, hoy en día aún existen diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica”, leyó Lorena Ruiz en tribuna durante el desahogo de asuntos generales.

El texto, tomado de una reseña publicada en la página oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que “la criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud, son factores que impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros, sin el tratamiento esencial para su recuperación”.

Sin embargo, destacó que, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, situación que obliga a las instituciones de salud pública federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Petróleos Mexicanos (Pemex) a ofrecer el servicio de forma gratuita.

Por ello, confió en que la actual legislatura local “pueda responder positivamente a las demandas de las mujeres en Tlaxcala, y dé cabal cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, a efecto de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir en esta materia, sin enfrentar consecuencias penales.

Cabe recordar que, a inicios de septiembre, la Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que una asociación civil impugnó el sistema jurídico del Código Penal Federal que criminaliza el aborto y al personal médico que lo práctica, por atentar contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir o continuar un embarazo, lo que, a su vez, consideró que vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva.

Al resolver el asunto, a la luz de las consideraciones sostenidas por el Tribunal Pleno, la Primera Sala concluyó que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir.

La Sala sostuvo que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio.

Por ello, la Primera Sala concedió el amparo a la asociación quejosa para el efecto, aprobado por mayoría de tres votos, de que el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario (autoprocurado o consentido), antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se le notifique la sentencia de este asunto.