EJECUTIVO ESTATAL HIZO GESTIÓN RAZONABLE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN 2022: OFS

• En el proceso de revisión y fiscalización, a través de la revisión de cuenta pública, no se encontraron hallazgos que constituyeran alguna irregularidad; sin embargo, “de las auditorías financieras y de obra pública, practicadas a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio”.

Por José Luis Ramírez Romero

El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) concluyó que el Poder Ejecutivo realizó una gestión razonable de los recursos presupuestales ejercidos durante el ejercicio fiscal 2022, con base en las disposiciones legales, contables y administrativas vigentes.

Así lo indica el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, el cual constituye la base técnica para que el Congreso del Estado realice la dictaminación correspondiente.

Según la auditoría, aunque el gasto anual autorizado para 2022 se proyectó en 22 mil 620 millones 419 mil 241.00 pesos, el Estado recibió 25 mil 599 millones 835 mil 917.61 pesos, monto que incluyó los recursos por ingresos derivados de fuentes locales y federales.

Pero al momento de la revisión, había devengado 25 mil 556 millones 858 mil 357.42 pesos, monto que incluye gastos realizados por la administración centralizada por 6 mil 093 millones 980 mil 126.54 pesos, órganos desconcentrados por 540 millones 803 mil 683.42 pesos, así como las transferencias realizadas a entes ejecutores por 18 mil 922 millones 074 mil 547.46 pesos, que incluyen a los poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, los Municipios, los Organismo Descentralizado No Sectorizado y las Entidades Descentralizadas.

Cabe mencionar que, de las 20 dependencias y nueve organismos desconcentrados del Poder Ejecutivo, se seleccionaron 12 para su revisión, que son la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), la Procuraduría General de Justicia (PGJ); las secretarías de Infraestructura (SI), de la Función Pública (SFP), del Medio Ambiente (SMA), de Trabajo y Competitividad (STyC), del Bienestar, de Cultura, de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTV) y de Impulso Agropecuario (SI), así como las coordinaciones General de Planeación e Inversión (CGPI) y de Comunicación (Ccom), y el Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala.

De la aplicación de los recursos que le fueron asignados y programas aprobados identificados en el contenido del informe 2022, el OFS determinó emitir un total de dos mil 156 observaciones, de las cuales 597 no había sido solventadas.

De la revisión a la balanza de comprobación y el comportamiento de las cuentas bancarias, el OFS encontró 100 cuentas bancarias que suman un saldo de mil 778 millones 227 mil 996.64 pesos, en las cuales quedaron pendientes de aplicar los recursos pertenecientes a programas de administraciones pasadas y del 2022, por lo que se determinó el incumplimiento a la programación y ejecución de los recursos.

Aunque el gobierno estatal remitió propuesta de solventación con relación a los saldos por cuenta bancaria al mes de marzo 2023, “anexando conciliaciones bancarias, estados de cuenta con corte al mes de marzo del ejercicio fiscal 2023 y oficios por la cancelación de las cuentas bancarias que quedaron sin saldo”, la información presentada fue insuficiente para solventar la observación.

En el proceso de revisión y fiscalización, a través de la revisión de cuenta pública, no se encontraron hallazgos que constituyeran alguna irregularidad; sin embargo, “de las auditorías financieras y de obra pública, practicadas a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio”.

En la SIA, las observaciones ascienden a un millón 077 mil 771.70 mdp; en la Cicom, a 205 mil 532.25 pesos; en la PGJ, a 190 mil 404.20 pesos; y en la Secretaría del Bienestar, a 7 mil 207.38 pesos, y corresponden a pagos improcedentes, y a pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación.

En el caso de la SOTV, se observó la cantidad de 686 mil 526.71 pesos, y en la SI, 20 millones 515 mil 773.05 pesos, por anomalías tales como pago de gastos en exceso, volúmenes de obra pagados no ejecutados, conceptos de obra pagados no ejecutados, procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas y pago de obras sin acreditar su existencia física, así como pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado; y concepto pagado que no cumple con las especificaciones técnicas estimadas.

El monto de las operaciones observadas no solventadas por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio, estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos.

Respecto a incumplimientos a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa, la OMG tuvo cinco casos de incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios, y dos más de incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra pública; y la SI, cinco casos de registros contables de cargos por devengo presupuestal y obras en proceso sin documentación soporte, nueve de omisión en la aplicación de penas convencionales por atraso en la ejecución de obra, y uno de incumplimiento en la contratación de servidores públicos.

En la SIA, se realizaron registros extemporáneos por el pago de servicios subrogados (medicamentos), el pago de un subsidio por 600 mil pesos a un beneficiario que debió ser cancelado por incumplir los plazos para ejecutar los recursos otorgados; omisiones en el proceso para la ejecución de los recursos del Seguro Agrícola para Atender Siniestros Agroclimáticos de conformidad con los lineamientos de operación que rigen el programa; y la realización simulada de entrega de subsidios a los beneficiarios de dos programas ejecutados por la dependencia. 

Por su parte, en la SOTV, hubo siete casos de omisión en la aplicación de penas convencionales en obra pública, así como omisiones en la integración de XML de todas las operaciones fiscales y en la presentación de manuales de organización y procedimientos aprobado y publicado.

Esta última anomalía, se detectó también en la Secretaría de Cultura, a falta de actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la dependencia, junto con la presentación parcial de información sobre liquidaciones e indemnizaciones realizadas a ex servidores de la Secretaría, y la omisión de presentar la totalidad de información requerida por el OFS.

En la Secretaría de Bienestar, omitieron presentar entregables del programa “Bienestar para tu Nutrición”, los cuales fueron estipulados en el contrato de prestación de servicios; y en la CGPI, efectuaron el registro de devengo presupuestal, sin documentación soporte, omitieron registros contables y presupuestales, y no fueron aprobados ni publicados los manuales de operación y procedimientos de la Coordinación, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Situación similar se observó en la Cicom y en la STyC, donde el Reglamento Interior y los Manuales de Organización y Procedimientos no fueron autorizados y publicados; en la SFP, que omitió actualizar el Reglamento Interior, y el Manual de Organización y Procedimientos, de conformidad a la normatividad aplicable; y en la SMA, en la que también se registraron variaciones en los registros contables, de acuerdo al cotejo entre bitácoras de mantenimiento y la partida «Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta”.

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales, el Poder Ejecutivo ejerció el 99.0% del total de ingresos, y se estimó que no tuvo una autonomía financiera, ya que el 93.8% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y aportaciones federales.  

Y en el transcurso del periodo, erogó el 11.3% de su presupuesto para el pago de servicios personales, y el 6.6% fue para inversión. 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la muestra revisada de obra pública, todas las obras fueron autorizadas, además de las 148 obras realizadas incluidas en la muestra, el 72.3% se encontraron terminadas y 27.7% en proceso de ejecución.

Asimismo, de las 148 obras que realizaron, el 6.1% fueron rehabilitaciones y el 93.9% fueron construcciones.

Y en lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, el OFS estableció que el ente cumplió con el término de la entrega de la cuenta pública en un 100.0% al entregar las cuatro cuentas públicas en tiempo.

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, el Poder Ejecutivo solventó 18 de las 22 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a cuenta pública. 

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, el Poder Ejecutivo tiene por objeto cumplir con la administración pública del estado, contando con las coordinaciones, unidades de asesoría y apoyo técnico que las necesidades de la función exijan, a efecto de destinar los recursos para obras y acciones, aplicadas con estrategia económica de Gobierno durante el ejercicio fiscal, a través de su presupuesto y del manejo de los recursos públicos, que permitan estimular las diversas actividades productivas de la entidad.