DE MUNICIPIOS, MAYOR NÚMERO DE EXPEDIENTES POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
- Las comunas con mayor incidencia fueron Chiautempan, Tlaxcala, Zacatelco, Ayometla y Teolocholco; en el Poder Ejecutivo, destacan la SEPE-USET, la PGJE y la Sesa.
Por José Luis Ramírez Romero
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, rindió su Segundo Informe de Actividades correspondiente al periodo comprendido de junio de 2022 y mayo de 2023.
En el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y acompañada de las y los integrantes del Consejo Consultivo del organismo autónomo, destacó que en su gestión se ha emprendido con las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, y las asociaciones de la sociedad civil y colectivas, con trabajo con “ánimo de colaboración y no de sumisión”, que ha permitido recuperar el respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos en la entidad.
Refirió que, a inicios de junio de 2022, la CEDH contaba con 249 expedientes de años anteriores, a los que se sumaron otros 368 del periodo de junio de 2022 a mayo de 2023.
De ese total, 156 fueron por violaciones atribuidas a autoridades municipales, principalmente Chiautempan, Tlaxcala, Zacatelco, Ayometla y Teolocholco.
Del Poder Ejecutivo, destacaron 82 expedientes por violaciones a derechos humanos atribuidas a la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE-USET), 27 a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y 14 a la Secretaría de Salud del Estado (Sesa). Y del Poder Judicial, 10.
En este marco, se emitieron 25 medidas cautelares por la abstención de actos de molestia, separación o suspensión temporal del cargo, y se otorgaron mil 016 comisiones de observador ante autoridades estatales y municipales, a fin de prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas solicitantes.
También, nueve recomendaciones, de las cuales siete son particulares y dos generales, y destaca el abatimiento de expedientes retrasados que se remontan a 2017, como la emisión de la Recomendación 07/2022 derivada del Expediente CEDHT/PVG/23/2017 sobre el caso de violación a Derechos Sociales de ejercicio individual, a la igualdad y al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y la privacidad.
La ombudsperson resaltó la presentación al Congreso del Estado de las iniciativas para ampliar la disposición jurídica de violencia vicaria en cuatro cuerpos normativos, y para reformar el Código Penal para el Estado a fin de proteger y garantizar los derechos humanos a través de la tipificación de la figura de linchamiento.
También, la actualización del Reglamento Interior de la CEDH y la publicación del Código de Ética, así como el puntaje de 100% en la Verificación al Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, a cargo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP).
En el periodo reportado, la Comisión impartió 257 acciones de capacitación y difusión solicitadas por entes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ayuntamientos, y la Sociedad Civil, sobre temas específicos de Derechos Humanos, las cuales impactaron en más de ocho mil personas.
Asimismo, colaboró a nivel nacional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras comisiones estatales como la de Morelos, Jalisco, Ciudad de México y Nayarit, para compartir mejores prácticas y participar en actividades conjuntos. Y a nivel internacional, participó en foros y reuniones para discutir y definir políticas y estrategias en materia de Derechos Humanos, como el Congreso Internacional AGOL Derecho a la Ciudad, y la celebración del Día de la Hermandad entre Tlaxcala y New Haven, en Estados Unidos.
Con relación a la infraestructura del organismo, sobresale la primera fase de remodelación y ampliación de las oficinas administrativas de la CEDH, que incluyó el Consejo Consultivo y otros espacios necesarios para una atención digna, junto con su nuevo auditorio, en el cual se estableció el Centro de Diálogo y Promoción de la Cultura de Paz, proyecto en el que se invirtieron más de 3 mdp, luego de que, durante los últimos 25 años, sus instalaciones no habían recibido mejoras significativas.
Al informe público asistieron la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros; la presidenta del Poder Judicial, Mary Cruz Cortés Ornelas; la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, Maribel León Cruz; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Diana Torrejón Rodríguez; y el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, junto con legisladoras y legisladores locales, magistradas y magistrados, representantes de órganos autónomos y de los organismos defensores de los derechos humanos de diversas entidades federativas, así como de organizaciones de la sociedad civil y colectivas.
