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¿EXMAGISTRADA QUIERE SER INDEMNIZADA? 

Dicen que cuando el río suena agua lleva

Resulta que Leticia Ramos Cuautle, Exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha solicitado al Congreso local copia certificada de los acuerdos aprobados con relación a los exmagistrados locales en los que se les ha otorgado haber de retiro y, en su caso, indemnización. 

Por lo visto, la ex magistrada está decidida a obtener una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, a pesar de que el Pleno del Poder Legislativo declaró improcedente su solicitud en la materia. 

La Comisión Especial creada para analizar su petición concluyó en su informe que no hubo “actividad administrativa irregular”, por parte de la LXIII Legislatura del Congreso local, al aprobar el Acuerdo de fecha 19 de octubre del 2018, mediante el cual se ratificó en el cargo de Magistrado a Fernando Bernal Salazar y, en consecuencia, se dejó sin efectos la designación de Ramos Cuautle como magistrada interina. 

Y es que, bajo las disposiciones aplicable, “resulta procedente concluir que la pretensión de la reclamante no está comprendida como parte de los daños que son objeto de indemnización en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado”. 

¿SE DESHACEN DE LA BASURA O QUIEREN ESTRENAR? 

Recientemente, el Congreso local autorizó al Comité de Administración la desincorporación dos mil 276 bienes muebles de su patrimonio, los cuales, en su conjunto, tienen un valor que asciende a 3 millones 263 mil 055 pesos.  

Debido a que su valor no supera 70 UMAS, no debieron formar parte del inventario de esta soberanía, con base en las reglas vigentes del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) vigentes, concretamente, el primer párrafo de la regla 8 “Monto de capitalización de los bienes muebles e inmuebles”. 

Sin embargo, hay otros temas que también demandan la atención de las y los legisladores en esta materia, ya que hay municipios que pretenden ejercer actos de dominio respecto a bienes que integran su patrimonio. 

Por ejemplo, autoridades de Contla, mediante los oficios SM/150/21-24 y SM/120/21-24, han hecho una petición formal, con aporte documental, para ejercer actos de dominio de 25 unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal. 

También, el Ayuntamiento de Tetla, a través del escrito MTT/SIN/PAT/0013/2023, ha pedido la autorización de las y los diputados a fin de llevar a cabo la enajenación de diversos bienes muebles. 

Y, por si fuera poco, la Presidencia Municipal de Totolac, mediante oficio DP/MDTT/274/14/04/2023, entregó documentación que acredita la propiedad de diversos vehículos para darlos de baja del inventario de la comuna.  

Todas estas peticiones dejan claro que, todo por servir se acaba; sin embargo, siempre queda la duda respecto a si la utilidad que se le daba era la adecuada y, sobre todo, si los costos en que fueron adquiridos garantizaban un adecuado manejo presupuestal. 

Por cierto, mediante escrito SM/SAT/16/IX/30-03-2023, el síndico de Santa Apolonia Teacalco, Natividad Portillo Solís, informó a Lucero Morales Tzompa, Directora General del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, que el equipo de cómputo que está en comodato fue llevado a las instalaciones del DIF Municipal. Si ya no atienden la necesidad para la que fue entregado, ¿por qué no solo devolverlo? 

¿IGNORANCIA O MAÑAS? 

A escasos meses de que se cumpla el segundo año del actual trienio, no son de extrañar los abusos cometidos en algunas comunas, no solo en agravio del ciudadano, sino también de los integrantes de los cabildos.  

Recientemente, Madeline Ortiz, Presidenta de Comunidad de Tlapayatla, Municipio de Santa Catarina Ayometla, solicitó a Miriam Zempoalteca Saucedo, Tesorera Municipal, copia de los documentos que firmo el día 05 de abril de dos mil veintitrés, relativos a talones de nómina. 

Por su parte, Alejandro Martínez Sánchez, Presidente de Comunidad de Hualcaltzinco, Municipio de Yauhquemehcan, reportó al Congreso local que no ha firmado licitaciones, contratos, expedientes técnicos, proyectos ejecutivos, ni documento emanado de la Dirección de Obras, concerniente a proyectos de infraestructura.   

Desde autoridades que al parecer no saben lo que firman, hasta otras que niegan haber firmado documentos, la realidad de muchos municipios es que la falta de preparación de unos y el exceso de mañas de unos más hace caldo de cultivo propicio para las ilegalidades y la corrupción.