PIDEN ASOCIACIONES CIVILES AL CONGRESO DEL ESTADO DESECHAR INICIATIVA EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

• Manifestaron su preocupación por que, hasta ahora, los diputados locales no han abierto espacios formales para que la sociedad civil organizada y la academia experta participen en la construcción de una Ley que garantice el derecho humano al agua, a su saneamiento y a su preservación.

Por José Luis Ramírez Romero

El Centro Fray Julián Garcés consideró necesario que la LXIV Legislatura del Congreso del Estado deseche la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala que se encuentra en comisiones, y que se elabore una nueva propuesta “abriendo espacios para la participación de las comunidades, la sociedad civil y la academia experta”, a fin de que se garantice los derechos al agua, a su saneamiento y a su preservación.

Junto con la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Pastoral Social en su dimensión de Derechos Humanos, la asociación pro Derechos Humanos y Desarrollo Local manifestó su preocupación por que, hasta ahora, no se han abierto, por parte del Poder Legislativo, “espacios formales” para que la sociedad civil organizada participe en la construcción de una Ley garante de los derechos humanos.

Así lo expreso en el marco del foro “Retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala”, realizado a propósito de los seis años de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en agravio de los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el Estado de Puebla; y en Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, en el Estado de Tlaxcala.

Alejandra Méndez Serrano, Directora del Centro Fray Julián Garcés, opinó que la iniciativa en materia de agua potable y saneamiento se formuló sin considerar la realidad del estado, ya que no incluye el fortalecimiento de los comités comunitarios del agua, “quienes existen a lo largo y ancho del estado y desde hace varias décadas asumieron la administración del agua potable, con gran responsabilidad y sin el apoyo gubernamental”, materia que esta norma “debería subsanar”.

Además, no toma en cuenta la situación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, al excluir lo documentado en la Recomendación CNDH 10/2017 y no plantear un plan integral de saneamiento de la cuenca, ya que actualmente la cuenca es considerada como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y el sector industrial se constituye como la fuente de contaminación más peligrosa.

Con relación a las violaciones documentadas en la Recomendación CNDH 10/2017, Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU, sostuvo que el Estado, desde todos sus niveles de gobierno, tiene la obligación de garantizar los derechos humanos al agua y su saneamiento.

Tras hacer un esbozo de la realidad mundial relacionada con la falta de acceso al agua potable y al saneamiento básico de la población, particularmente la más empobrecida, advirtió que hay dos desafíos principales en todo el planeta por los que también están luchando las comunidades en Tlaxcala.

El primero, es aprender el mensaje de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas y recuperar la ingeniería natural para que tener una naturaleza en buen estado y sostenible que no sea únicamente privilegio de los ricos, lo cual, dijo, implica lograr que, en todos los espacios, se reconozca el agua como una necesidad vital para recuperar y garantizar el derecho de todos a ella.

Y segundo, promover el gobierno democrático del agua en todos los lugares, ya que este es un bien no apropiable por nadie, no privatizable ni mercantilizable. Expresó que la privatización del vital líquido “es una perversión en nombre del negocio, no de la eficacia”, por lo que se debe establecer su administración responsable desde la lógica colectiva, y bajo un sentido comunitario.

Al respecto, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que, en México, sólo el 1.1% de la población utiliza más del 20% del agua potable disponible.

Tal situación, anotó, implica una “hidrocracia elitista muy poderosa económicamente”, que busca privatizar el agua, situación que explica la razón por la que, por 10 años, se ha impedido reformar la Ley General de Aguas bajo un enfoque de derechos humanos, y que, al mismo tiempo, se promueven leyes locales privatizadoras, como las de Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, y Querétaro, y ahora en Tlaxcala.

Opinó que el contenido de la norma que se trata de aprobar en Tlaxcala no se orienta al derecho humano al agua, y cae en supuestos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, ya que intenta someter a los Comités Comunitarios del Agua a la lógica municipal, no hace efectivo el derecho a la información de la población en esta materia, favorece condiciones que abren la puerta a la iniciativa privada, y establece mecanismos de sanción y criminalización de la protesta.

Las agrupaciones organizadoras anticiparon que darán continuidad al proceso legislativo relacionado con la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, a efecto de garantizar los derechos de las comunidades y se restaure de manera integral la Cuenca del Atoyac – Zahuapan.