TLAXCALA CARECE DE PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL: INEGI
- Es uno de los cuatro estados con menos personal para atender contingencias naturales o provocadas.
- El Estado no cuenta con un plan de emergencia o de contingencia, y más del 60% de los municipios no tiene atlas de riesgos.
- Tlaxcala no dispone de un fondo de protección civil, así como el 97% de sus municipios.
Por José Luis Ramírez Romero
El Estado de Tlaxcala y sus 60 municipios registran deficiencias, tanto en recursos humanos y presupuestales como en instrumentos de planeación, para proteger y asistir a la población ante eventualidades de fenómenos naturales o de origen humano.
Así lo indican datos de los censos nacionales de Gobierno Estatales 2022 y de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de Ciudad de México 2021, los cuales fueron presentados en un compilado estadístico elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), a propósito del Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora desde 2001 cada 19 de septiembre.
Lo anterior, a fin de concientizar a la sociedad mexicana sobre la importancia de prepararse y emprender medidas de protección para enfrentar eventos ocasionados por la naturaleza o la actividad humana.
ESCASO PERSONAL
La protección civil se entiende como “la acción solidaria y participativa encaminada a salvaguardar la vida, integridad y salud de la sociedad frente a los riesgos y efectos derivados de fenómenos de origen natural o provocados por la actividad humana”.
Dicha acción, se rige principalmente por la Ley General de Protección Civil, misma que dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil, a través del cual se coordinan estructuras, métodos, normas, instrumentos, políticas, procedimientos, entre otros aspectos en la materia.
En México, las unidades de protección civil son oficinas públicas que se encargan de: promover la capacitación, organización y preparación de las y los brigadistas comunitarios; identificar y delimitar zonas de riesgo; controlar las rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas; coordinar los servicios asistenciales; y aislar temporal, parcial o totalmente el área afectada, entre otras funciones encaminadas a proteger a la sociedad en situaciones que puedan poner en peligro la vida.
Aunque las unidades o áreas de protección civil están disponibles en todas las entidades, la cantidad de personal que trabaja en estas varia.
En 2021, laboraban tres mil 796 servidoras y servidores públicos en dichas áreas estatales, lo que representó una tasa nacional de tres servidores públicos por cada 100 mil habitantes.
Las tasas más altas se observaron en Guerrero, Nayarit, Campeche y Tabasco, con más de 10 servidores públicos en áreas de protección civil por cada 100 mil habitantes, mientras que las más bajas se observaron en Sinaloa y Baja California, con menos de una o un servidor público por cada 100 mil habitantes, así como Hidalgo y Tlaxcala, con apenas una o uno por cada 100 mil.
En los municipios que reportaron información, 26 mil 315 personas trabajaban en instituciones con funciones de protección civil, lo que equivale a una tasa de 34.7 servidoras y servidores públicos municipales en estas labores por cada 100 mil habitantes.
Respecto a las funciones que desempeñaban en las áreas de protección civil estatales, 46.7%, es decir, mil 774, se dedicaba a funciones administrativas; 24.3%, equivalentes a 923, laboraba como bombero o bombera, y 12.4 %, esto es, 469, tenía tareas de búsqueda y rescate. En tareas de protección civil, las mujeres representaron menos de 30%, y laboraban principalmente en funciones administrativas y de apoyo.
PLANEACIÓN DEFICIENTE
Entre los instrumentos que la LEGISLACIÓN contempla para planear y operar las actividades de protección civil, se encuentran el plan o programa de protección civil, el plan de emergencia o de contingencia y el de altas de riesgo.
El primero tiene como objetivo organizar las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para llevar a cabo las actividades de protección civil ante la existencia de desastres o riesgos.
Por su parte, el plan de emergencia o de contingencia es un instrumento a largo plazo en el que se establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y todo tipo de recursos necesarios para la atención de desastres con base en un diagnóstico de riesgos en el territorio.
Y el atlas de riesgo es un sistema de información para generar mapas y sistemas geográficos que permitan la simulación de escenarios de desastre, así como generar recomendaciones sobre medidas de prevención y mitigación efectiva.
A nivel estatal, 23 administraciones públicas estatales dispusieron de un plan o programa de protección civil y cinco estaban en proceso de integrarlo. Asimismo, 20 gobiernos estatales contaban con un plan de emergencia o de contingencia y ocho se encontraban en proceso de integración.
Y el atlas de riesgos estuvo disponible en 28 entidades federativas. No obstante, al cierre de 2021, las administraciones públicas estatales de Guerrero y San Luis Potosí aún no disponían de estos instrumentos.
En el caso de Tlaxcala, el gobierno estatal contaba con su plan o programa de protección civil, así como su atlas de riesgos, y estaba integrando su plan de emergencia o de contingencia.
A nivel municipal, mil 137 de los dos mil 468 municipios del país contaban con un plan o programa de protección civil. Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato y Chiapas tuvieron el mayor porcentaje de municipios con este instrumento; por el contrario, la mayoría de los municipios de Oaxaca (55.3%) no disponían del mismo, seguido por Puebla con 40.1 % y Yucatán con 38.7%.
Por su parte, el plan de emergencia o de contingencia estuvo disponible en 39.4% de los municipios del país, es decir, 973. Destacaron 77.4% de los municipios de Chiapas y todos los municipios de Quintana Roo que contaban con este instrumento. Solo 37% de los municipios del país, equivalente a 914, tenía un atlas de riesgo. En el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato, la mayoría de los gobiernos locales disponían de este instrumento.
En el caso de los municipios de Tlaxcala, 61.7% contaba con su plan o programa de protección civil; 18.3%, no lo tenía, y 20% lo estaba integrando. A su vez, 40% tenía un plan de emergencias o contingencias, y 30%, no, en tanto que 30% lo estaba conformando. Y en el caso del atlas de riesgo, 35% contaba con él; no así 63.3%, y 1.7% estaba en vías de tenerlo.
AUSENCIA DE PROGRAMAS ESPECIALES
La legislación nacional en materia de protección civil establece la posibilidad de generar programas especiales para hacer frente a peligros o riesgos específicos en un área o región determinada.
Ejemplo de estos programas son los implementados para atender eventos festivos como la Semana Santa, o periodos de contingencia ambiental como las temporadas de lluvias o sequías, o emergencias sanitarias como fue el caso de la pandemia por la COVID-19.
En 2022, las administraciones públicas estatales de Chiapas, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa contaban con estos instrumentos. En contraste, Baja California, Campeche, y Tlaxcala no contaban con algún plan de protección civil especial.
SIN FONDOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Las administraciones públicas estatales y municipales pueden establecer un fondo propio para poner en marcha las acciones en materia de protección civil.
Dichos fondos pueden componerse de recursos aportados por las mismas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México, en conjunto con las donaciones o aportaciones que realiza el sector privado.
Durante 2021, 11 gobiernos estatales contaron con un fondo propio para la atención de emergencias y desastres.
En 2020, 7.6% de las 2 mil 454 administraciones públicas municipales del país que proporcionaron información, es decir, 187, contaron con dicho fondo. Destacó Tabasco, donde 70.6% de sus municipios tenían financiamiento propio para las tareas de protección civil.
Tlaxcala es uno de los estados que no contaba con un fondo en esta materia, y apenas 3.3% de sus municipios disponían de uno.
