APRUEBA CONGRESO DEL ESTADO CUENTAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO

• Fueron revisados, analizados y fiscalizados los estados financieros de los últimos ocho meses de gobierno del mandatario Marco Antonio Mena, y los primeros cuatro de la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar.

Por José Luis Ramírez Romero

El Congreso del Estado declaró revisadas, analizadas y fiscalizadas la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del ejercicio fiscal 2021, con base en los Informes Individuales elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que abordaron las finanzas de 10 y nueve dependencias estatales respectivamente.

Se trata de los estados financieros del periodo del 01 de enero al 30 de agosto, correspondientes a los últimos ocho meses de gobierno del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez, y del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021, que abarcan los primeros cuatro meses de gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En este contexto, los diputados locales votaron a favor de la aprobación de ambos dictámenes presentados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por lo que se validaron las cuentas de la Secretaría de Gobierno (Segob), la Secretaría de Finanzas (Sefin) -antes de Planeación y Finanzas (SPF), la Secretaría de Educación Pública (SEPE), la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) -antes de Comunicaciones y Transportes (Secte)-, la Secretaría de Impulso Agropecuario (SI) -antes de Fomento Agropecuario (Sefoa)-, la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), la Procuraduría General de Justicia (PGJE), la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP) y la Secretaría de Infraestructura (SI) -antes de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi)-.

En el caso de la gestión de Mena Rodríguez, se incluyó la cuenta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual se incorporó á la estructura de la Segob en septiembre de 2021.

Entre las observaciones más relevantes del gobierno saliente se identificaron 7.1 millones de pesos (mdp) por pago de bienes y/o servicios sin acreditar su receción y/o aplicación en la SEPE, 21 mil 435.25 pesos por pago de gastos improcedentes en la Secte; 500 mil pesos por pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en la OMG, y pago de gastos improcedentes por 9.6 mdp en la SSC y por 31 mil 320 pesos en la CESESP.

También, gastos pagados sin documentación comprobatoria, pago de gastos improcedentes y pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación a los fines de la dependencia por 1.82 mdp en la PGJE y por 166 mil 710.40 pesos en la Sefoa.

A ello se suman pagos de gastos improcedentes y de bienes y/o servicios sin acreditar recepción y aplicación, así como pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores a los del mercado, volúmenes y conceptos de obra pagados no ejecutados y procesos constructivos deficientes por 66.24 mdp en la Secoduvi.

Y en el caso del gobierno entrante, se detectaron gastos pagados sin documentación comprobatoria por 95 mil pesos, y pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación, por 372 mil 421.72 pesos, en la SEPE; y pago de gastos en exceso por 142 mil 644.20 pesos en la Sefoa, junto con volúmenes y conceptos de obra pagados no ejecutados y obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución por 8.66 mdp en la SI.

Es por ello, que la aprobación de las cuentas del Ejecutivo estatal se hizo sin prejuicio de la competencia y las facultades que, en materia de fiscalización de recursos estatales y federales, corresponde al OFS y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entes que deberán dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar por los entes fiscalizables de este poder, cuyos órganos de control interno deberán llevar a cabo también los procedimientos de responsabilidad administrativa en relación a aquellas que no fueron solventadas.