OpiniónPORTADA

SINDICATOS EN CRISIS

Por José Luis Ramírez Romero

Mientras en el contexto internacional se discute el futuro del trabajo y los sindicatos, por los efectos que la globalización, y los cambios demográficos, medioambientales y tecnológicos, están teniendo en los mercados laborales, dos de las agrupaciones gremiales más importantes en Tlaxcala experimentan crisis.

Esta semana, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje declaró procedente la cancelación de la toma de nota a Edgar Tlapale Ramírez como Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, tras casi ocho años al frente de la dirigencia.

 En el marco del juicio laboral 59/2021-C, y por mayoría de votos, se invalidó la ampliación del periodo de gestión del actual Comité Ejecutivo al 2026, al determinar violaciones a la norma estatutaria. Y la decisión de la autoridad laboral llegó en un momento complicado para el “7 de Mayo”, cuyas demandas en varios municipios han hallado resistencias, como en Huamantla, donde el Presidente Municipal ha exhibido excesos y anunciado medidas para acotar prestaciones y reducir el número de sindicalizados, con base en análisis financieros que anticipan escenarios de colapso presupuestal en un futuro próximo.

Por su parte, la aún dirigente de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Blanca Águila Lima, no logró impedir la transición para la implementación y operación del Programa IMSS-Bienestar en Tlaxcala, a través del cual serán operados los servicios de salud para personas sin seguridad social.

A pesar de las manifestaciones frente a Palacio de Gobierno, sus asambleas informativas con trabajadores del sector, y sus posicionamientos desde el Congreso local, aprovechando su cargo como diputada, su margen de negociación en este asunto se ha acotado, tan es así que, públicamente, ha reconocido que ha sido excluida, como representante popular y sindical, de los diálogos que los representantes de los gobiernos estatal y federal han sostenido con integrantes de la actual legislatura para informarles en qué consiste el modelo de atención de salud a través del IMSS-Bienestar, y explicarles en qué parte del proceso se encuentra Tlaxcala.

En ambos casos, tanto en el sindicato de burócratas como el de trabajadores de la salud, se identifica un deterioro de su gobernanza interna, como consecuencia de la falta de transparencia en el mandato de sus dirigentes, lo que incluye la gestión de sus líderes y las actividades sindicales, incluso, el desarrollo de elecciones limpias.

Tal es el escenario de división, que en el “7 de Mayo”, la ex dirigente Guadalupe Rodríguez Guzmán, rival de Edgar Tlapale, propone elecciones extraordinarias a más tardar en 15 días, a pesar de que los estatutos no lo prevén así, y a que el propio Tlapale impugnará el fallo del Tribunal.

Y en la Sección 27 del SNTSA, aunque el periodo de Blanca Águila feneció el 24 de julio de 2020 y la renovación de la dirigencia sigue pendiente debido a que la convocatoria se aplazó por efecto de la emergencia sanitaria por Covid-19, ha carecido de sensibilidad política para construir acuerdos con un gobierno que emanó de un partido distinto al suyo.

Sus diferencias personales con el secretario de Gobierno, Sergio González, fueron muy notorias durante su comparecencia en febrero pasado. Además, sus intervenciones en tribuna para cuestionar el IMSS-Bienestar y la efectividad del gobierno estatal, han parecido más arengas tendientes a complacer las expectativas de sus representados, aprovechando la incertidumbre que priva en torno a la regularización y contratación de trabajadores para formar parte del nuevo modelo de salud en la entidad, que ejercicios tendientes a generar condiciones para la negociación de beneficios gremiales.

En su interés por mostrarse como defensora de los derechos de los trabajadores de la salud, terminó por mostrarse como férrea opositora al proyecto de la 4T. Y el problema de esto es la percepción de que los intereses de su partido son compatibles con los de su gremio, de modo que han prevalecido las connotaciones políticas en su señalamiento de supuesta aplicación de vacunas caducas contra Covid-19 entre la población, por parte del gobierno estatal; incluso, en su acusación de presunta represión contra trabajadores de la Secretaría de Salud, que el pasado jueves cerraron vías de comunicación para solicitar su basificación, acción de la cual deslindó de su autoría, aunque la justificó.

Por donde se mire, la representación de los trabajadores, por parte de sus líderes sindicales, está en tela de juicio.

Al igual que a las autoridades, la crisis generada por la pandemia tomó por sorpresa a los sindicatos, que aún no asimilan sus efectos inmediatos ni tampoco anticipan sus consecuencias en el largo plazo.

En el ámbito mundial, la afiliación sindical viene a la baja, y con ello la capacidad de las fuerzas sindicales para organizar a los trabajadores y responder a sus demandas. En México, las pugnas por el control y la influencia política que detentan los lideres de las agrupaciones gremiales se superpone a la necesidad de desarrollar mecanismos innovadores que aseguren la representación de sus agremiados.

La realidad es que los actos de presión para inclinar las negociaciones a favor de los sindicalizados no serán suficientes en un momento en que la seguridad del empleo y los ingresos, así como de la protección social, está supeditada a presupuestos que son insuficientes para el sostenimiento de amplias burocracias.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en cerca del 80% de los países del mundo los sindicatos participaron del diálogo social, tripartito y/o bipartito, para responder a la emergencia sanitaria.  Los temas de negociación más frecuentes fueron la protección social y las medidas en materia de empleo, las relaciones laborales, la seguridad y salud en el trabajo, y las medidas fiscales. Además, los sindicatos asistieron a sus afiliados en prestación de asesoramiento jurídico, creación de fondos de emergencia, organización de campañas de sensibilización, adaptación de programas de formación, promoción del reconocimiento de la Covid-19 como enfermedad profesional, y utilización de los medios sociales.

Y en este sentido vale la pena preguntar ¿dónde quedó México?, ¿cómo estamos en Tlaxcala?