SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON MANDO MILITAR

Por José Luis Ramírez Romero

La gobernadora Lorena Cuéllar designó al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Raúl Ruiz García, como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

De esta manera, Tlaxcala siguió la tendencia de los estados gobernados por la 4T que decidieron nombrar a un militar como responsable de las tareas de combate a la delincuencia.

Michoacán, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Colima y Guerrero, en poder de Morena, y San Luis Potosí, en manos del PVEM, son ejemplos de la apuesta de nuevos gobiernos por el mando castrense para resolver sus problemas de inseguridad.

Esta actitud de los gobernantes, de depositar su confianza en militares con licencia o en retiro para encargarse de la seguridad pública, no es nueva.

En los últimos tres lustros, este tipo de perfiles ha desplazado a los mandos civiles en los tres niveles de gobierno, en el afán de resolver la crisis de inseguridad que prevalece en México.

Expertos en la materia opinan que esta situación es síntoma del fracaso del desarrollo policial en el país, y de la necesidad de ofrecer resultados inmediatos de cara a la creciente presión social.

Por eso, en vez de fortalecer a cuadros civiles, los gobiernos optan por incorporar a elementos de las Fuerzas Armadas, quienes tienen a su favor la percepción favorable de provenir de una de las instituciones con mayores niveles de confianza y credibilidad, lo que encaja en las narrativas que atribuyen la inseguridad a la corrupción que existe en las corporaciones y a la falta de capacidad y profesionalismo de los mandos civiles.

Sin embargo, los mismos expertos observan que estas decisiones deben obligar a los gobiernos a someter a los militares a procesos de “reconversión” para adoptar una doctrina civil, ante los riesgos de incurrir en prácticas violatorias de los derechos humanos de presuntos delincuentes y víctimas del delito, incluso de los propios elementos policiales, durante el desarrollo de sus funciones, como ya se ha evidenciado.

Además, la experiencia que han dejado estos nombramientos advierte que hasta ahora no ha habido casos probados de éxito prolongado, en buena medida, ante la falta de mecanismos que coordinen y den continuidad a los planes y estrategias en esta materia a lo largo del tiempo.

La buena imagen del Ejército y la idea de disciplina militar tienen un impacto favorable al inicio de las gestiones de los nuevos secretarios de Seguridad. Suponen un cambio positivo en sí mismo. No obstante, el modelo de seguridad pública a cargo de militares conlleva el riesgo de ponderar el uso de la fuerza.

En la entidad, Lorena Cuéllar solicitó al nuevo titular de la SSC “trabajar de manera enérgica, decidida y con estricto respeto a los derechos humanos para mantener a Tlaxcala como un lugar en paz, donde prevalezca el Estado de Derecho, así como el respeto a las instituciones”.

A la mandataria se le cuestiona haber aguardado cinco meses para designar a un responsable al frente de esta posición. Empero, la designación de un militar con 44 años de experiencia, que incluyen el combate al narcotráfico en el Estado de Sinaloa, ha motivado que propios y extraños den a la gobernadora su voto de confianza por esta determinación.

Sería ingenuo suponer que el solo nombramiento del general Ruíz García cambiará de forma automática el escenario de seguridad. El gobierno estatal tiene que seguir fortaleciendo las instituciones del sector, con más equipamiento, infraestructura, recursos humanos y capacitación, para fortalecer las capacidades policiacas y alinearlas con los estándares que exigen la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. También, debe consolidar la coordinación con los municipios y el gobierno federal, así como con las autoridades de los estados vecinos.

En diciembre pasado, Lorena Cuéllar lo dijo claro: “preservar la paz y la tranquilidad en el estado es tarea de todos”. Y esta visión humana y sensible debería prevalecer para que, desde los hogares, más que desde las policías, se construyan las condiciones de paz y estabilidad que se necesitan para salir adelante como sociedad.

Hay una reflexión de la gobernadora que resulta valida en este momento: “Todo lo que hagamos para la contención de la delincuencia y garantizar un estado más seguro, lo debemos construir entre todos (…) a un padre le toca saber en dónde y con quién se encuentran sus hijos, y a la sociedad le corresponde ayudarnos a denunciar para que no queden impunes los delitos (…) En el hogar todos tenemos que trabajar para bajar los índices de violencia familiar; con respeto, paciencia, comprensión, lograremos la armonía que permita una vida familiar feliz. A medida que generemos esta estabilidad, lograremos tener un estado de paz y armonía”.

Como parte de las medidas adoptadas por su gobierno para preservar tales condiciones, se incentivó a policías con becas para que continuaran estudiando, y que aquellos que concluyeran su preparación profesional, ofrecieran a sus hijos la oportunidad de tener una carrera gratuita. La idea fue contar con elementos de seguridad más humanos y sensibles que, a través de acciones de proximidad social, capacitaran a niños y jóvenes para ponerlos en alerta ante riesgos sociales, incorporándolos a la lucha contra el bullying, el cyberbullying, la violencia en el noviazgo, y a trata de personas, entre otros delitos.

Los efectos sociales que la pandemia por Covid-19 han generado, como casos de depresión, baja autoestima, violencia familiar e intentos de suicidio, son aspectos que tienen que considerarse en las acciones y programas de seguridad.

Ojalá el nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana considere esta perspectiva en su nueva encomienda, y contribuya a que la jefa del Ejecutivo estatal cumpla sus compromisos en el que hasta ahora parece ser el frente de atención más complejo del gobierno de la 4T.